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Análisis
Los interrogantes que caminan tras las marchas de protesta

Colprensa, Bogotá

Millones de colombianos atendieron el llamado para marchar en contra del secuestro. Las principales ciudades del país, como Cali, se movilizaron para pedir la liberación de los cautivos.
La marcha nacional del jueves puso en evidencia las variadas posiciones frente al tema del intercambio humanitario entre el Gobierno y las Farc. Analistas políticos dudan que la manifestación de los colombianos contra el secuestro logre conscientizar a las Farc frente a la liberación de los secuestrados. “No se trata de sensibilidad, lo que tenemos es que movilizar alternativas políticas porque aquí hay un problema de dos actores poderosos”, dice la politóloga Claudia López.

Las multitudinarias marchas del jueves no sólo demostraron que el país entero rechaza la práctica del secuestro como mecanismo de extorsión o presión al Gobierno, sino que los colombianos están cansados de ver la paz como un sueño inalcanzable.

Millones de voces se unieron en el coro “libertad” para pedir por quienes durante meses o años han estado en poder de las Farc, el ELN o la delincuencia común. O quienes aún muertos no pueden descansar en paz, como los once diputados del Valle asesinados, cuyos cuerpos continúan en la selva, sin un regreso señalado.

Según los analistas, aunque las consignas contra la violencia fueron masivas, en la marcha nacional se demostró más que nunca las diferentes percepciones que se tienen sobre qué camino tomar para llegar a la liberación de todos los secuestrados colombianos.

Es más, la solidaria respuesta de los ciudadanos que marcharon pudo dejar, dicen los analistas, varias preguntas: primero, ¿qué tanto le sirven este tipo de movimientos cívicos al Gobierno, no son más una prueba de que existe una alarma no solucionada?, ¿qué tanto pueden apoyar los ciudadanos para alcanzar la paz? o ¿qué tan sensibles pueden ser las Farc ante este tipo de expresiones?

Según José Obdulio Gaviria, asesor presidencial, para el Gobierno el intercambio humanitario es una verdadera “trampa conceptual” de la guerrilla para lograr el despeje de Pradera y Florida.

No obstante, para otros analistas la visión a largo plazo del futuro de los secuestrados deja ver que las decisiones en torno a su liberación no pueden seguir siendo unilaterales y que la obligación del Estado colombiano es recuperar, vivos, a todos los secuestrados. Quienes piensan así consideran que el rescate militar no debe ser tomado como una opción pues pone en peligro la vida de los cautivos.

Para la politóloga Claudia López, Colombia no puede limitarse a llorar la muerte de los diputados sino pensar en alternativas para liberar al resto de secuestrados.

“El Gobierno puede pedir una comisión forense internacional para analizar los cadáveres de los diputados, pero la ayuda internacional es mucho más importante para luchar por la vida de los rehenes que los cuerpos de quienes ya están muertos”, expresó López, no sin antes excusarse con los familiares de los once diputados del Valle.

“Con todo el dolor lo digo, pero debemos entender que la vida es mas valiosa que la muerte”, puntualizó.

repercusión. Para Lázaro Viveros, ex asesor de paz, los errores tienen consecuencias. Y la marcha del 5 de julio es un efecto directo de rechazo a la muerte de los diputados.

Aunque el analista no se atrevió a manifestar si las Farc cambiarán o mantendrán el mismo camino de los últimos años frente a un proceso de paz, elogió la marcha como un desahogo colectivo contra la situación de violencia que vive el país.

“Es difícil manifestar cuál será la actitud, porque las Farc son un grupo alzado en armas contra el Estado y, como siempre se ha dicho, manejan otras políticas que están al margen de la ley”, recalcó, al tiempo que resaltó la importancia de que las próximas manifestaciones no sean organizadas bajo intereses particulares.

Contrario a esto, el director de Indepaz, Camilo González Posso, manifestó que la marcha del jueves le recuerda las vividas en 1999, convocadas también por la paz y la libertad.

“La protesta fue la explosión de indignación en la conciencia de los colombianos y una exigencia frontal contra la brutalidad y la atrocidad del secuestro”, agregó.

El número

3.100 secuestrados existen en Colombia en poder de las guerrillas de las Farc y el ELN y la delincuencia común, según el reporte de las ONG del país.
Sin embargo, aseguró que las manifestaciones no fueron pluralistas y se casaron con la tesis de “no al despeje”, lanzada por el Gobierno. Aún así, reconoció que tuvieron en común la petición del intercambio humanitario y la búsqueda de la sensibilización de las Farc y el Ejecutivo para que busquen la libertad de los cautivos.

Por su parte, Viveros sostuvo que las divisiones a favor y en contra del despeje son notorias, pero que la obligación del Gobierno es sólo una: recuperar con vida a los secuestrados.

“¿Quién tiene la obligación de liberarlos? La tendría la guerrilla, pero jurídicamente el Gobierno está obligado a actuar cuando no hay decisión. Y la sociedad civil también ha pecado por acción u omisión, por ejemplo, por no marchar con antelación, como la tercera fuerza que es”, cuestionó.

Es por eso que, según el ex funcionario, “movimientos cívicos cada ocho días no le sirven al Gobierno porque sería la prueba de que existe una alarma no solucionada”.

Contrario a esto, para la politóloga Claudia López la protesta de los ciudadanos es una “obligación”, la mejor manera de solidarizarse con quienes deben sobrevivir con el secuestro.

“La principal lección es tomar un deber ciudadano: la protesta. El país se dio cuenta que el resultado de no hacer nada es la muerte”, subrayó.

Y aclaró que “esto no se trata de sensibilidad, lo que tenemos es que movilizar alternativas políticas porque aquí hay un problema de dos actores poderosos, algo que les obliga a cargar con la vida de todos los nacionales”.

Para la columnista, en Colombia existen instituciones organizadas que generan debate y un ejercicio de ciudadanía, pero “estábamos muy demorados” en hacer una expresión firme y contundente.

“La polarización debe servir para condenar a las Farc y para respaldar al Gobierno. Todos somos el Estado y debemos trabajar para viabilizar las alternativas de vida, aceptando los costos y los riesgos que esto implica”, concluyó.

Finalmente, los analistas se mostraron escépticos de los resultados que dejarán las manifestaciones del jueves en la conciencia de la guerrilla frente al secuestro.

“Las Farc son inamovibles ante ese tipo de expresiones con efecto retardado, pero no pueden tapar el sol con las manos”, señaló Posso.

Similar percepción tiene José Obdulio Gaviria, quien subrayó que ese tipo de movilizaciones no le “mueven la aguja a ningún secuestrador”.

El dato clave

La madrugada del 28 de junio se conoció a través de la agencia Anncol la noticia de la muerte de once de los doce diputados del Valle secuestrados. Las Farc aseguraron que el hecho se produjo en medio de un combate.

En sus propias palabras

Hay que apoyar la lucha del Estado contra el secuestro, hacer persecución permanente y brindar apoyo a esa línea de conducta que yo llamaría fortaleza. Más allá de las marchas, sólo habrá un punto de acercamiento si los secuestradores muestran la buena voluntad de reunirse con alguien en condiciones realistas. José Obdulio Gaviria, asesor del presidente Álvaro Uribe Vélez.




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