‘Parapolítica’
Detenciones que dejan muchos interrogantes
Colprensa - Bogotá
¿Hasta dónde resultará afectado el gobierno del presidente Uribe? ¿Debe seguir la Canciller en el cargo? ¿Tocarán los efectos de la ‘parapolítica’ al Procurador? ¿Podrán los congresistas detenidos acogerse a la Ley de Justicia y Paz? ¿Están viciados sus reemplazos?
El remezón suscitado por la captura de cinco nuevos congresistas vinculados al escándalo de la ‘parapolítica’ promete afectar no solamente a los implicados.
De entrada, el impacto lo sintieron el Gobierno y el Congreso. El primero, porque, además de que los cinco detenidos son uribistas, uno de ellos, el senador Álvaro Araújo Castro, es hermano de la canciller, María Consuelo Araújo. Y más de un actor de la política nacional, incluso personas cercanas al presidente Uribe, consideran que lo mejor es que ‘La Conchi’, para bien suyo y del Gobierno, dé un paso al costado. La labor del Congreso también se afecta porque el panorama de ocho de sus legisladores en prisión necesariamente entorpece el desarrollo de la agenda legislativa.
Lo cierto es que el más reciente coletazo del escándalo de la ‘parapolítica’ plantea muchos interrogantes, que a continuación intentamos despejar, con la ayuda de conocidos analistas.
¿Cuál es el efecto para el gobierno de la detención de los congresistas?
El escándalo ha privado al Gobierno de algunos de sus principales aliados en el Congreso. Sin embargo, la percepción que se tiene de esa situación varía.
Para unos observadores, la legitimidad del Gobierno está resquebrajada. Para otros, ha salido fortalecida gracias a que la Política de Seguridad Democrática ha permitido depurar las instituciones.
Entre los defensores del primer punto de vista está la directora de Congreso Visible, Elizabeth Ungar, quien asegura que un Congreso viciado y cuestionado produce leyes cuestionadas y viciadas.
Además, “ya no sólo hay congresistas cuestionados, sino representantes de otros poderes, entre ellos gobernadores y funcionarios del Ejecutivo, allegados al Presidente. Está claro que Álvaro Uribe no tiene vínculos con paramilitares, pero es grave que quienes lo han apoyado estén investigados”, dice.
La teoría contraria es defendida por el asesor presidencial José Obdulio Gaviria. “Tan evidente es la decisión del Estado de perseguir todas las expresiones del paramilitarismo y la guerrilla, que ser miembro de la bancada de Gobierno no ha servido para eludir la responsabilidad de ser llamados a rendir cuentas ante la justicia”, argumenta. En su concepto, todo lo que ha sucedido estaba en la agenda de aplicación de la Ley de Justicia y Paz.
¿Se pueden acoger los congresistas a la ley de justicia y paz?
El Gobierno tiene claro que por procedimiento no es posible que los legisladores obtengan los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.
“En principio creería que no, ya que no se desmovilizaron a tiempo y no fueron señalados en listados ni como miembros activos de los paramilitares ni como miembros en prisión”, dice el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi.
El vicefiscal general, Guillermo Mendoza, también deja cerrada la posibilidad, pues los congresistas deberían confesar sus presuntos delitos y reparar a las víctimas. “La Ley tiene unos presupuestos definidos, como hacer parte de una lista, y eso no se cumple en este caso”.
Pero es diferente la opinión del ex senador Darío Martínez, quien estuvo al frente de las discusiones de Justicia y Paz en el Congreso. Él considera que los legisladores podrían ser condenados, de ser hallados responsables, a la pena alternativa de ocho años, si confiesan su pertenencia a un grupo armado ilegal y si reconocen crímenes de los cuales se les señale.
“La Ley de Justicia y Paz es intemporal y los beneficios se aplicarían a los hechos perpetrados antes de la aplicación de la misma, es decir, el 25 de julio de 2005”, señala.
¿Es oportuno que la canciller siga en el cargo?
La senadora liberal Cecilia López, quien realizó en el Congreso un debate en el que exigió la renuncia de la funcionaria, calificó de “egoísta” a la ministra Araújo y de “irresponsable” al presidente Uribe por “insistir en algo que es insostenible”.
“Es que ella no tiene cualquier cargo, representa la imagen del país y le quedará muy difícil enfrentar los cuestionamientos que le hagan en el exterior, donde ya se han ventilado campañas contra el gobierno Uribe, a quien asocian con paramilitares”, sostiene la senadora.
El propio asesor presidencial José Obdulio Gaviria aceptó que debe abrirse un debate político tanto en el Congreso, la academia y la sociedad, sobre la permanencia de la Canciller en el cargo, “pues se aproximan presiones internacionales”.
Sin embargo, la congresista uribista del Partido de Unidad Nacional Marta Lucía Ramírez, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, respalda la labor de la Ministra: “Ella es capaz de manejar con dignidad y entereza las líneas de la política internacional de Colombia”.
No obstante, advierte que cuando sus problemas familiares comiencen a interferir en su gestión como canciller, “debe contemplar la decisión de abandonar el cargo”.
Y agrega: “La situación en la que ella se encuentra es difícil, sobre todo cuando quiera explicar que uno de los puntos de la agenda internacional de Colombia es la lucha contra el paramilitarismo, a pesar de que algunos miembros de su familia estén implicados”.
“Entre los retos que enfrentará en los próximos meses --añade-- están las audiencias en las Corte Internacional de la Haya sobre el litigio con Nicaragua; el lobby del TLC en el Congreso de Estados Unidos y el acuerdo comercial con la Unión Europea y la CAN”.
¿La crisis tocará al procurador?
La captura del senador Álvaro Araújo Castro hizo recordar la advertencia que este hizo hace unos meses en el Palacio de Nariño en el sentido de que si el caía, en su rodada se llevaría a su tío (político) el procurador Edgardo Maya Villazón.
Para expertos y constitucionalistas, es claro que las responsabilidades penales son individuales. Sin embargo, por tratarse de empleados públicos habría que verlo desde la óptica de “moral pública y ética política”.
El constitucionalista Jaime Castro dice que la primera palabra la tiene el propio Procurador, pero considera que la situación es de pronóstico reservado, por cuanto el tema hay que pasarlo por un filtro político, teniendo en cuenta que las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía afectan a un senador y a un gobernador (Hernando Molina, de Cesar) que son sus familiares.
Mientras, el ex procurador Jaime Bernal considera que el Procurador no tiene por qué responder por los actos de sus familiares. “Y si la Procuraduría tiene que investigar a uno de ellos, él se debe declarar impedido y que el caso lo asuma el Viceprocurador”.
¿Quién debe reemplazar a los congresistas capturados?
Elizabeth Ungar, directora del programa Congreso Visible, se pregunta si los reemplazos fueron elegidas o no con los mismos votos de los hoy encarcelados.
El problema, a juicio del analista Fernando Giraldo, termina siendo de forma e interpretación, porque no existe un marco jurídico que lo despeje con consistencia y exija responsabilidad a los partidos. “Si alguien está en la oposición tratará de aprovechar y si está en el Gobierno explicará que esto es meramente individual, y nunca responderán los partidos Pero éstos son los que tienen la obligación de tener filtros y dar explicaciones por sus candidatos, que era el espíritu de la reforma política de 2003”, concluye.
Lo que sigue
En relación con los cinco detenidos el jueves, la Corte Suprema de Justicia debe continuar la etapa probatoria para determinar si precluye la investigación contra los implicados o los acusa para ser juzgados.
El dato clave
La investigación de la ‘parapolítica’ está dividida en tres procesos: el primero, referente a los congresistas García, Merlano y Morris. El segundo, sobre los nuevos detenidos. Y el tercero, del ‘Pacto de Ralito’. | | LOS OCHO CONGRESISTAS DETENIDOS
Álvaro García Romero, partido Colombia Democrática.
SEÑALAMIENTOS: está sindicado de ser el determinador de la masacre de Macayepo, que dejó quince muertos, el 16 de octubre del 2006. Está, además, vinculado al crimen de Georgina Narváez Wilches, una testigo electoral, y de la apropiación de un contrato por $17 millones, en 1998, supuestamente con destino a las AUC. Se le acusa de organizar, promover y financiar grupos armados al margen de la ley en Sucre.
DESCARGOS: El senador respondió a las acusaciones al decir que “No he sido un tipo hipócrita en la vida. He enfrentado a todos los grupos políticos paramilitares de Sucre”. Aseguró que todo se debe a un montaje orquestado por el senador opositor Gustavo Petro. “Petro es un hombre enfermo contra mí, alguna razón tendrá y algún día habrá que demostrarlo. Lo importante es demostrarle a la Corte que el indicio es un error, no de la Corte sino de quien aportó las pruebas”.
Jairo Enrique Merlano, Partido de la U.
SEÑALAMIENTOS: está acusado de conformar grupos de autodefensa y de tener nexos con esa agrupación armada ilegal, desde su candidatura a la Gobernación de Sucre, en 1997. Poco tiempo después de ser vinculado al proceso de la ‘parapolítica’ y de haberse dictado una orden de captura en su contra, renunció a su investidura como congresista, por lo que su caso está en manos de la Fiscalía.
DESCARGOS: Merlano aseguró que “se encuentra bajo medida de aseguramiento, en medio del escarnio nacional, apabullado por la más dramática e interesada desinformación”. A su juicio, en su contra se ha usado un sistema de pruebas ocultas, recaudadas sin su conocimiento y sin brindársele posibilidad de contradicción. El director de su partido, senador Carlos García Orjuela, le propuso a Álvaro Uribe Vélez que los parlamentarios vinculados con la ‘parapolítica’ sean apartados del Congreso.
Erik Morris Taboada, Colombia Democrática.
SEÑALAMIENTOS: la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en su contra, por presuntos nexos con grupos de autodefensa. Al igual que al senador Álvaro García Romero, a Morris se le imputa el delito de organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley en Sucre.
Según se ha manifestado, Morris tendría nexos con los jefes paramilitares Edward Cobo, alias ‘Diego Vecino’; Rodrigo Mercado Pelufo, ‘Cadena’; Marco Tulio Pérez, ‘El Oso’, y Salomón Feris Chadid, ‘El Diablo’.
DESCARGOS: en su indagatoria negó los cargos y cualquier vínculo con los paramilitares. “Nunca conocí a ‘Cadena’, supe de él como lo conoció todo el departamento de Sucre, como comandante de un grupo de autodefensa que operaba en Sucre y Bolívar”, dijo, y aportó pruebas de cómo financió su campaña a través de préstamos, donaciones y recursos propios.
Álvaro Araújo Castro, Alas Equipo Colombia.
SEÑALAMIENTOS: está acusado de concierto para delinquir y secuestro extorsivo agravado. Por esos cargos la Corte Suprema de Justicia emitió el 15 de febrero una orden de captura. Al día siguiente, Araújo fue trasladado a la cárcel La Picota, junto a cuatro congresistas más. El nombre Araújo aparece en varios expedientes la Corte Suprema y figura en el computador de ‘Jorge 40’ como el candidato a la presidencia de las AUC. Se reunió con ‘Jorge 40’ en una fiesta de la congresista Eleonora Pineda y se le señala de haber acordado con los paramilitares la repartición de votos en Cesar.
DESCARGOS: ha negado cualquier señalamiento de nexos con paramilitares. “Nunca he matado a nadie, jamás he conformado grupos armados”, dijo en un debate en el Congreso. Asegura que su asistencia a la fiesta era para poner freno a las amenazas contra su vida y desmintió en la Corte la repartición electoral.
Mauricio Pimiento, Partido de la U.
SEÑALAMIENTOS: fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado. Según la investigación, habría recibido apoyo electoral de ‘Jorge 40’. En su indagatoria, el ex director de Informática de DAS Rafael García aseguró que fue beneficiario del fraude electoral que habrían fraguado las AUC en la Costa Atlántica. Él mismo se entregó a la justicia el pasado 15 de febrero. Al día siguiente el senador fue enviado, junto a otros cuatro congresistas a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.
DESCARGOS: tan pronto conoció el llamado de la Corte, Pimiento dio la cara y aseguró que iría “con la verdad en la mano”. Allí negó todos los cargos. La Corte aún no decide su futuro jurídico.
“Ni he tenido, ni tengo, ni tendré vínculo con los grupos paramilitares y todos mis actos a lo largo de mi carrera pública así lo respaldan”, resaltó el congresista.
Dieb Nicolás Maloof, Colombia Viva.
SEÑALAMIENTOS: rindió indagatoria a principios de diciembre del 2006. Fue detenido por agentes del CTI el pasado 15 de febrero en su casa de Barranquilla. El ex jefe de Informática del DAS Rafael García lo señala de haber recibido apoyo del Bloque Norte de las AUC en las elecciones del 2002 y de desviar recursos de la salud en Magdalena y Cesar para las autodefensas. El Computador de ‘Jorge 40’ lo menciona como un hombre cercano a alias ‘Gonzalo’, jefe político del Bloque Norte. Había sido retirado del Partido de la U.
DESCARGOS: el senador barranquillero calificó de especulaciones las informaciones divulgadas sobre presunta vinculación de dineros del paramilitarismo en su campaña. “Sólo quiero que esas especulaciones negativas sean castigadas porque a la gente no se le puede estigmatizar ni acabar de la noche a la mañana sin haber pruebas de por medio”. Aseguró que no tiene nada que esconder.
Luis Eduardo Vives Lacouture, Convergencia Ciudadana.
SEÑALAMIENTOS: rindió indagatoria en diciembre del 2006 y dos meses después le fue dictada orden de captura por la Corte Suprema de Justicia, acusado del delito de concierto para delinquir agravado. El testimonio de Rafael García, ex director de Informática del DAS, lo señala como uno de los candidatos del Bloque Norte de las AUC por Magdalena, en el 2002. Habría recibido los votos luego de haber cancelado $400 millones por ese apoyo.
DESCARGOS: desvirtuó las declaraciones de García, al asegurar que “presenta permanentes contradicciones y ambigüedades”. Sobre el fraude electoral declaró que “la trayectoria política que heredé de mi familia me ha permitido tener simpatizantes en distintas zonas electorales”. Dijo que se reunió con ‘Jorge 40’ para gestionar la liberación de su hermano Mauricio, “de la cual estaba informado el Alto Comisionado para la Paz”.
Alfonso Campo Escobar, Partido Conservador.
SEÑALAMIENTOS: el representante a la Cámara por el departamento de Magdalena rindió indagatoria en diciembre del 2006 y dos meses después, el 15 de febrero, la Corte Suprema de Justicia le dictó orden de captura bajo el cargo de concierto para delinquir agravado. Desde el pasado 16 de febrero permanece recluido en el pabellón especial de la cárcel La Picota. La investigación que se le adelanta en Sala Penal de la Corte lo involucra de haber tenido supuestos nexos con el ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, con quien habría llegado a un acuerdo para que los votos del sur de su departamento lo favorecerían.
DESCARGOS: hasta el momento se ha limitado a afirmar que es una persona respetuosa de la justicia y que por lo tanto acatará el fallo, aunque había manifestado que en su indagatoria demostraría su inocencia.
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