'Parapolítica'
La familia Araújo está en una encrucijada
Resumen de agencias - Bogotá.
El senador Álvaro Araújo Castro (derecha) había sido llamado por la Corte Suprema de Justicia en el mes de noviembre para rendir indagatoria por sus presuntos nexos con paramilitares. Al término de la sesión se negó a dar declaraciones y eludió a los medios.
Foto I El País |
| El Presidente de la Sala Penal del alto tribunal afirmó que existen pruebas serias de la responsabilidad del senador en la retención del ex candidato al Congreso Víctor Ochoa Daza, para obtener beneficios electorales.
Ayer se complicó aún más la situación para el senador Álvaro Araújo Castro. Al cargo de concierto para delinquir, del que la Corte Suprema de Justicia lo acusó el pasado jueves junto con otros cinco congresistas, se suma el de secuestro extorsivo agravado.
El magistrado Alfredo Gómez Quintero, presidente de la Sala Penal del alto tribunal, explicó que la orden de captura, emitida en la tarde del jueves en contra de los seis congresistas, obedeció a que se hallaron indicios que los relacionan con grupos armados ilegales.
Gómez Quintero expuso que la situación más grave es la del senador Araújo Castro, “por cuanto al cargo de concierto para delinquir imputado, se le sumó el de secuestro extorsivo agravado”.
“Este último se origina en las denuncias hechas por Víctor Ochoa Daza, quien manifestó que el 13 de enero del 2002, cuando aspiraba a una curul en el Senado de la República, el senador Araújo y su padre habrían instigado a Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, para que lo secuestrara”, manifestó el magistrado.
A raíz de las declaraciones de los testigos, ayer mismo la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía General que investigue o adelante los procedimientos necesarios para que aclare la situación de Álvaro Araújo Noguera, el padre del senador Álvaro Araújo y la canciller María Consuelo Araújo.
Al parecer, son incriminatorias las pruebas que recibió el alto tribunal sobre los presuntos nexos del ex senador y ex Ministro de Agricultura con el paramilitarismo, y su posible mediación ante las autodefensas para el secuestro de Víctor Ochoa Daza.
La Corte Suprema pidió, además, que se investigue al gobernador de Cesar, Hernando Molina Araújo, el ex congresista Jorge Castro Pacheco y a los es representantes a la Cámara Jorge Ramírez Urbina y Miguel Ángel Durán Gélvez.
Caso ochoa daza. Tan pronto se conoció de las investigaciones contra el senador Álvaro Araújo, por presuntos nexos con paramilitares, fueron allegadas toda clase de pruebas y testigos que ratificaban esas relaciones.
Uno de los testigos clave fue Víctor Ochoa Daza, quien le narró a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que el senador Araújo instigó a Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, para que lo secuestrara.
De acuerdo con su versión, el propósito de la confabulación de Álvaro Araújo Castro con los paramilitares era arrebatarle todo su caudal electoral.
Para la época del secuestro, enero del 2002, los Araújo y los Ochoa Daza eran socios políticos. Tanto, que en las elecciones regionales del 2000 habían trabajado juntos para llevar a la Alcaldía de Valledupar a Elías Ochoa Daza, hermano del denunciante y hoy cónsul de Colombia en Barquisimeto, Venezuela.
Posterior al plagio, los paramilitares habrían presionado a Juana Bautista Ramírez, quien ocupaba el segundo renglón de la lista al Congreso, para permanecer en ese lugar y facilitar así el ingreso de Álvaro Araújo a la cabeza de lista, como parte de un arreglo para lograr la liberación de Ochoa Daza.
Esa versión fue confirmada por Bautista Ramírez, quien señaló en su momento que esa fue la estrategia bajo la cual Araújo Castro se apoderó de los votos del Movimiento de Renovación Liberal, MRL, y logró llegar al Congreso en el 2002.
“Fue cierto que los paramilitares me obligaron a declinar mi aspiración y a apartarme de la titularidad de la lista”, dijo Bautista Ramírez ante un delegado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La denunciante manifestó que lo dicho se podría corroborar en los datos de la Registraduría del Estado Civil.
En el 2002, Araújo decidió lanzarse al Senado, después de estar dos períodos en la Cámara como representante de Cesar. En ese entonces obtuvo 77.916 votos, uno de los guarismos más altos en todo el país.
Cuando Araújo fue interrogado sobre ese caso en particular, no quiso hacer referencia al tema ni explicar por qué su nombre aparecía en el computador de ‘Jorge 40’. Aseguró que todo era reserva sumarial.
“Que les caiga el peso de la ley”
El procurador general de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que a los políticos que sean hallados culpables de mantener nexos con grupos paramilitares se les aplique con toda intensidad el Código Penal Colombiano.
En concepto del Procurador, ni los congresistas investigados ni los asegurados por la Corte Suprema y la Fiscalía General de la Nación deberían obtener beneficios de la Ley de Justicia y Paz.
“Ese beneficio es solamente para los integrantes de los grupos de autodefensas”, señaló el jefe del Ministerio Público.
Maya Villazón agregó que en materia disciplinaria, “y por el grado de consanguinidad con algunos de los políticos capturados, se declarará impedido para entrar a hacer parte de las decisiones en esos procesos.
“Lamento lo de mis familiares, pero las responsabilidades son individuales y las acciones de la justicia hay que apoyarlas, respetarlas y acatarlas", dijo el alto funcionario.
Acusación
Iván Cepeda Castro, director de la Fundación Manuel José Cepeda Vargas, radicó ante la Corte Suprema de Justicia un documento en que se afirma que José María Conde, quien reemplazó al ex representante Erik Morris, planeó un atentado contra Víctor William Rodríguez, el cual fue ejecutado por paramilitares.
Esa acusación fue sustentada en los documentos y la denuncia que radicó en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación desde el 22 de septiembre de 2004.
Cepeda aseguró que espera que el documento se anexe al caso de la ‘parapolítica’.
Del secuestro
De acuerdo con el Código Penal colombiano, “el que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad (...) incurrirá en prisión de veinte (20) a veintiocho (28) años y una multa de dos mil (2.000) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos mensuales vigentes”.
El Código Penal aclara que si el delito es agravado, como es el caso de la acusación contra el senador Araújo, “la pena señalada para el secuestro extorsivo será de veintiocho (28) a cuarenta (40) años de prisión”.
Trasladados a La Picota
Fueron enviados a la cárcel La Picota los congresistas que permanecen en manos de la justicia. Jorge Caballero estaría fuera del país.
En la mañana de ayer fueron trasladados desde Santa Marta el senador Luis Eduardo Vives y el representante a la Cámara Alfonso Campo Escobar, quienes se habían entregado de manera voluntaria ante la sede regional de la Fiscalía de Magdalena.
A su llegada fueron recibidos por agentes del CTI que los llevaron ante la Corte Suprema de Justicia y posteriormente a la reseña en la sede de la Fiscalía.
Anoche mismo fueron llevados los cinco congresistas, bajo fuertes medidas de seguridad, a la cárcel La Picota de Bogotá.
Los parlamentarios permanecerán en el Centro Especial de Reclusión de la penitenciaría.
De otro lado, se supo que el representante Jorge Luis Caballero, quien permanece prófugo de la justicia, se encontraría en Alemania.
El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Alfredo Gómez Quintero, dijo que remitió una copia de la orden de captura al DAS, para que esa entidad la transmita a la Interpol y proceda a aprehender al representante en cualquier parte del mundo.
De acuerdo con el Presidente de la Sala Penal, esa es la única forma de garantizar que el parlamentario regrese a responder ante la justicia colombiana.
“La actitud de contumacia, de rebeldía por parte del congresista Caballero nos obliga a que la orden de captura se expida a nivel internacional para asegurar su comparecencia ante la justicia de Colombia”, señaló el magistrado.
Por ahora, la Corte descartó la solicitud de extradición, pero advirtió que va insistir ante el DAS para que se obligue el retorno al país del representante a la Cámara.
Tres datos claves
1. Ayer rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia el retirado coronel del Ejército Plubio Hernán Correa, por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.
2. La Fiscalía le pidió a la Corte que inicie una investigación contra el senador conservador Ciro Ramírez por supuestos nexos con el jefe paramilitar Henry de Jesús Londoño, alias ‘Mi Sangre’.
3. Cuatro horas duró la versión libre de los senadores Juan Manuel López Cabrales y William Montes, quienes debieron explicar a la Corte por qué aparecen como firmantes del ‘Acuerdo de Ralito’.
En sus propias palabras
“Confiamos en el sistema judicial colombiano y en que llevarán de la mejor manera estos casos”.
“Es importante no sólo para Colombia, sino para todos los países, que se les pida cuentas a quienes estén implicados en cualquier actividad ilegal, sea una vinculación con paramilitares o con otras actividades criminales”. Tom Casey, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.
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María Consuelo Araújo
