Condominio
Extinción, drama en 110 hogares
Este es el conjunto La Alquería o Torres del Valle, epicentro de una batalla legal entre La Nación y residentes que buscan que se les restituya el dominio sobre sus inmuebles.
Foto I El País |
| 110 familias residentes en el conjunto residencial Torres del Valle dicen que compraron de buena fe a una empresa que resultó ser de ‘fachada’. Hoy no pueden comprar, vender o alquilar sus inmuebles. La Fiscalía no se ha pronunciado luego de tres años de pleito jurídico.
“Se venden apartamentos sector Mayapán-Las Vegas, Torres del Valle. Llamar al teléfono...”
Este escueto aviso clasificado, más otro pintado en un muro sobre la Calle Quinta con Carrera 83, frente al Batallón Pichincha, fue el inicio del drama de 110 familias. Hace hace tres años tienen sus inmuebles bajo custodia penal, a pesar de que aseguran ser compradores de buena fe.
Habitan el condominio La Alquería-Torres del Valle, ubicado en el sur de Cali y contra el cual la Fiscalía General de la Nación adelanta un proceso de extinción de dominio desde junio del 2004, tras señalarse que el predio era propiedad de un extinto narcotraficante.
Las ventas fueron promovidas hacia el año 2003 por la constructora e inmobiliaria UMV, una de las tantas firmas y empresas de fachada que luego aparecieron inscritas en la denominada ‘Lista Clinton.
“Yo vivía de alquiler y al igual que a muchas personas me interesó la oferta, averigüé por la constructora, se nos dijo que se había quebrado y obtuve el certificado de tradición. Todo aparecía en regla. Luego nos extendieron escrituras”, recuerda el abogado litigante Ómar Velandia Mira, uno de los residentes afectados.
En esa época nadie imaginaba la suerte que iban a correr esos inmuebles, ya que registros, escrituras y certificados no tenían pendientes judiciales.
ENCERRADOS. En junio del 2004, durante un operativo policial, los bienes fueron secuestrados por la Fiscalía General de la Nación para aplicarles extinción de dominio.
Pero ninguna familia se fue. Desde entonces están enfrascados en una batalla jurídica para hacer valer sus derechos como propietarios.
Pese a que el proceso completa tres años, la Fiscalía no ha decretado las pruebas para que los propietarios demuestren que compraron los apartamentos con dineros lícitos.
“No podemos vender, ni arrendar, ni contratar hipotecas. Es injusto, pues en los apartamentos invertimos ahorros y acudimos a créditos bancarios para terminarlos, porque la mayoría estaban inconclusos”, recalca Velandia Mira.
En eso coincide la también abogada Miryam Salazar, quien afirma que para su familia ha sido un calvario haber comprado esa propiedad.
“Vivimos cautivos en nuestros apartamentos. No podemos irnos, porque perderíamos muchos años de trabajo y la inversión que hicimos”, dice con voz angustiada.
El proceso sigue sin definir por parte de la Fiscalía Segunda Especializada de Bogotá. Los inmuebles están a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE.
NERVIOS DE PUNTA. El drama también ha tocado a *Natalia Vivas, una ama de casa quien reza cada día para que el problema se solucione.
Ella, al igual que su esposo, vive con los nervios de punta. Su crisis emocional se agravó cuando una inmobiliaria contratada por la Fiscalía le exigió a la familia pagar arriendo por su propio apartamento, cosa a la cual se negaron junto con otros residentes.
Está enferma porque le da pánico quedar sin vivienda. *Natalia padece ahora problemas cardíacos.
*José Pérez, otro residente, no ve la hora en que la Fiscalía le retorne los derechos sobre su apartamento. “Casi no duermo. Me aterra que regresen para quitarnos lo que compramos con esfuerzo”.
En el conjunto habitan ingenieros, médicos, empleados públicos y hasta fiscales. Todos viven la misma tragedia.
El número
1.200 inmuebles en proceso de extinción de dominio están actualmente en Cali bajo la administración de firmas inmobiliarias. | | OTROS LÍOS. Pero el lío es también para otras personas que corrieron similar suerte en diferentes condominios de Cali.
Una de ellas es *Margarita Medina, quien no ha podido vender su apartamento para hacerse a otro. Ella ignoraba que el lote del condominio, ubicado a pocas cuadras de la Avenida Guadalupe, perteneció a una firma de inversiones que figura hoy en la ‘Lista Clinton’.
Por ese hecho, los bancos han rechazado los pedidos de los clientes para comprarlo con crédito hipotecario. *Margarita necesita el dinero para abonarlo a una casa que adquirió para ampliarse con su familia.
En esta situación, al parecer están otros inmuebles, y sus actuales dueños lo ignoran. Su drama aún no ha comenzado.
*Nombre cambiado a petición de la fuente.
Un proceso complejo
Para el abogado Carlos Robledo, de la subdirección jurídica de la DNE, la demora de un proceso depende de su grado de complejidad.
El abogado Carlos Robledo, de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, señala que la Ley 793 establece que “los procesos de extinción de dominio no prescriben. Por tratarse de una acción real se persigue al bien que haya sido en un momento adquirido ilícitamente, independientemente de quien sea su propietario actual”.
Pudo suceder, anota, que en esa cadena de compras, alguna de esas personas haya sido investigada por haber incrementado ilícitamente su patrimonio.
El último dueño debe demostrar y probar que adquirió el bien por medios lícitos, y hacer valer sus derechos como tercero comprador de buena fe, para que se le proteja su derecho a la propiedad.
Sobre el por qué de la demora en el proceso, Robledo señaló que “estos deberían ser ágiles, pero muchas veces no se puede por su complejidad”.
Tres datos claves
1. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos averiguar hasta dónde sea posible, la procedencia de un inmueble y sus anteriores dueños antes de comprar.
2. Las personas deben someter a evaluación jurídica el certificado de tradición con todas sus anotaciones. Luego averiguar en la Fiscalía si el bien o el predio tuvo o tiene pendientes judiciales.
3. Además es importante investigar la escritura del inmueble sus linderos y hasta cuál fue la firma constructora. Así no arriesgará su dinero.
Lo que sigue
El proceso debe entrar a la etapa de presentación de pruebas por parte de los propietarios y residentes, para demostrar que hicieron compras de buena fe.
La Fiscalía deberá oficiar a cada uno de ellos por separado para estudiar su caso.
Una ley con mucha ‘carga’
La Ley 793 del 2002 que gobierna la extinción de dominio, y que derogó la Ley 333 de 1996, ha incrementado los procesos contra bienes de procedencia ilícita.
Según la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, a la fecha ese organismo posee alrededor de 72.000 registros de extinción de dominio, de ellos 14.000 inmuebles urbanos.
La mayoría de esos bienes están en calidad de incautados. Es decir, que el proceso de extinción no ha terminado o no ha sido finalizado por los jueces de la República.
La administración, especialmente de casas y apartamentos, está a cargo de firmas inmobiliarias locales, que cobran los respectivos cánones de arrendamiento.
Sin embargo, para ese organismo la carga ha sido pesada pues por esos bienes, el DNE debe pagar administración, servicios públicos, impuestos y otros gastos.
Por este motivo en Cali, se han creado dos asociaciones de arrendatarios que buscan comprar los inmuebles incautados que ocupan.
Es el caso de los residentes de los condominios La Cascada I, II y IV. En la etapa I, conformada por 150 apartamentos, unos 40 están desocupados y presentan deterioro de sus fachadas y áreas comunes.
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'Parapolítica' | 9:15 p.m. | Ampliación
