Parapolítica | 9:40 a.m.
Amenazan a la Corte Suprema de Justicia
www.elpais.com.co/AFP
La Corte Suprema de Justicia denunció amenazas de muerte contra al menos uno de sus magistrados responsable de las investigaciones sobre los vínculos de grupos paramilitares y congresistas, que han llevado a la cárcel a 8 legisladores.
El presidente de la sala penal de la Corte, Alfredo Gómez, dijo que las amenazas estaban dirigidas contra el magistrado Yesid Ramírez, quien en su calidad de presidente del alto tribunal firmó algunas de las medidas dirigidas a investigar a los parlamentarios.
"El magistrado Ramírez me autorizó a divulgar estas amenazas a las que él les concede la mayor gravedad" señaló el magistrado Gómez.
La Corte Suprema de Justicia ha ordenado la detención de nueve congresistas, la mayoría pertenecientes a la coalición de Gobierno, en el marco de una investigación sobre la colaboración de dirigentes políticos y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) .
La Corte ordenó el jueves la captura de un grupo de seis congresistas, entre ellos un hermano de la actual canciller, María Consuelo Araújo. Otros tres habían sido detenidos a finales del año pasado.
La Corte Suprema de Justicia es la responsable de investigar a los congresistas en ejercicio en Colombia, que tienen un fuero especial.
Por su parte, la Fiscalía investiga a otros funcionarios por las mismas sospechas de nexos con los grupos de ultraderecha responsables de miles de crímenes de lesa humanidad cometidos en los últimos 20 años, en los que esas organizaciones contuvieron a las guerrillas izquierdistas con la financiación del narcotráfico y el apoyo de algunos militares.
Las investigaciones están fundamentadas en documentos hallados en el disco duro de un computador del jefe paramilitar Rodrigo Tovar (alias "Jorge 40") , uno de los jefes de las AUC, que se encuentra detenido en una cárcel tras haber entregado las armas en abril pasado.
Las AUC negociaron con el gobierno del presidente Alvaro Uribe la desmovilización de 31.000 de sus combatientes a cambio de beneficios judiciales como una rebaja de penas -que no podrán superar los 8 años- por los delitos que se les atribuyen.
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