Noticias
|
Alcaldía
Investigan a Ospina por corrupción al sufragante Investigan ofrecimiento de dinero a taxistas a cambio de que hagan proselitismo en favor de candidato a la Alcaldía.
“Este procedimiento es una típica corrupción de sufragante que viola el Artículo 390 del Código Penal, sancionable con prisión de 3 a 5 años y multa de 100 a 500 salarios mínimos legales”, asegura el Tribunal de Garantías y Vigilancia Electoral del Valle. Politólogos lamentan que prácticas clientelistas sigan afectando la ciudad. El Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral del Valle del Cauca denunció que la campaña del candidato a la Alcaldía de Cali Jorge Iván Ospina está cometiendo un delito electoral, que tiene consecuencias penales, y está incurriendo en prácticas corruptas, al ofrecer dinero a taxistas para que hagan a los pasajeros comentarios positivos sobre el aspirante. La denuncia, puesta ayer en conocimiento del Consejo Nacional Electoral, cuestiona el procedimiento adoptado por la campaña de Ospina, “en el sentido de pagar a los taxistas de la ciudad de Cali la suma de $30.000 y un kit con una calcomanía, más un condón para que el conductor le haga a los pasajeros comentarios positivos sobre el candidato”. El documento, conocido por El Pais, agrega que la denuncia fue puesta en conocimiento del comandante de la Policía Metropolitana, general Jesús Antonio Gómez Méndez, “para recaudar las pruebas con destino a este Tribunal, por ser este procedimiento una típica corrupción de sufragante que viola el Artículo 390 del Código Penal, sancionable con prisión de 3 a 5 años y multa de 100 a 500 salarios mínimos legales”. El magistrado Jorge Grueso Zúñiga, integrante del Tribunal Seccional de Garantías, enfatizó que lo que se estaría configurando con esa práctica de la campaña de Ospina es “una típica compra de votos”, en el sentido de que se le dice a una persona que vote por un candidato y hable bien de él y en compensación recibirá un dinero. De hecho, el Tribunal Seccional de Garantías acopió documentación en la que se evidencia una práctica irregular. Uno de los hallazgos son los volantes en los que se habla de las “condiciones para ganar con Jorge Iván Ospina”. Se invita a los interesados a que participen en el sorteo de un taxi cero kilómetros, el cual será entregado el día 30 de octubre (dos días después de las elecciones) en el Parque de la Caña, a las 6:00 p.m., previa presentación del certificado de votación y de inscripción. Se advierte que las inscripciones son en la Plaza de Toros y que con el sólo código de inscripción “se participa en el sorteo de $100.000 diarios, que jugará con el chontico millonario”. Como si fuera poco, se advierte que el vehículo (ya sea taxi, campero o bus) será abordado por un pasajero incógnito, el cual verificará que el carro lleve el kit entregado y que hable bien de Ospina. Si eso ocurre, el ‘pasajero incógnito’ entregará $30.000, a través de emisoras y las centrales de radio (no especificadas). Además, se advierte que el vehículo deberá portar la calcomania del candidato Jorge Iván Ospina. “Este procedimiento involucra unos costos de campaña que deben aparecer en la contabilidad para poder establecer los topes de la misma. ¿Ese costo dónde está para yo sumarlo a una contabilidad y poder establecer que no se pase de los 989 millones que ordena el CNE?”, se preguntó el magistrado Grueso. El jurista también denunció que el pasado 18 de octubre una funcionaria del Tribunal fue enviada a la sede del candidato Ospina para hacer unas indagaciones de rigor, pero su labor fue obstruida. “De alguna manera hubo por lo menos la intención de ocultar una información que es competencia del Tribunal poder acceder a ella”, denunció Grueso. La magistrada Lucy Esperanza González, también integrante del Tribunal, calificó los hechos como preocupantes y dijo que se trataría de una práctica descarada. “Se trata de un delito penal tipicado en el Articulo 390 del Código Penal, que es ofrecer dádivas y prebendas para hacer que un ciudadano del común vote por determinado candidato. Ofrecer $30.000 y luego decirles que participarán en una rifa de un taxi, lo que está es induciendo al ciudadano a que vote por ese candidato, ya sea por la necesidad de recibir la plata o la esperanza de ganarse un carro en una rifa”. La funcionaria agregó que se trata de denuncias “muy graves” que se deben investigar. REACCIONES. La práctica denunciada por el Tribunal fue rechazada por la politóloga Rosalía Correa, quien consideró que se trata de una clara muestra de que el clientelismo en la capital del Valle no se ha ido. “Nosotros en esta ciudad, infortunadamente, todavía tenemos demasiado arraigada la cultura clientelista. Hemos tenido un Concejo cuestionado durante cuatro años y una serie de gobernantes, durante 20 años, que han estado haciendo las cosas con base en prácticas clientelistas. En la elección de Apolinar Salcedo también sucedieron todo este tipo de prácticas. En Cali hay cultura del clientelismo supremamente arraigada”, lamentó la directora del Observatorio Concejo Visible, de la Universidad Javeriana. La analista política consideró que las denuncias del Tribunal de Garantías indican a todas luces que hay campañas que siguen actuando de manera irrespetuosa con el electorado, “comprando los votos y en esa compradera de sufragios no vamos a poder tener nunca la legitimidad de nuestro proceso electoral”. Ramiro Bejarano, crítico columnista del diario El Espectador y ex director del DAS, censuró el procedimiento que utiliza la campaña de Ospina, al considerar que estaría encaminado a hacer proselistimo político, pero “sin que de ello quede registro en las cuentas oficiales de la campaña”. Bejarano pidió al Consejo Nacional Electoral intervenir de inmediato, “pues se trata de una conducta que amerita una investigación”. La concejal Piedad Varela también se pronunció y dijo que estas denuncias son graves y hacen quedar muy mal a Cali y en general al Valle del Cauca. “Es necesario que estos hechos sean investigados por el Consejo Nacional Electoral porque dónde está el permiso de la autoridad competente que autoriza al parque automotor de uso público la utilización de publicidad permanente; que yo conozca no hay ningún permiso de parte de la Administración frente a la publicidad que va en los taxis”, indicó Varela. El abogado y experto en derecho electoral, Gustavo Prado, dijo que la denuncia es de suma gravedad, pero destacó la entereza de los magistrados “porque es la única forma de proteger la democracia”. Prado agregó que estas denuncias tienen amplio recaudo probatorio, pues es evidente que muchos taxistas en la ciudad están trabajando en la campaña de Ospina.
|
Estos son algunos de los volantes que fueron distribuidos por la campaña de Ospina, según las denuncias, entre taxistas y otros motoristas de la ciudad para ‘asegurar’ el voto de estos ciudadanos.