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Campaña electoral, bajo signo del miedo
En el departamento del Caquetá los candidatos, por temor a represalias de la guerrilla, han limitado su actividad a las cabeceras municipales. En duda la instalación de mesas en veredas e inspecciones de Policía. Las Farc marcan el ritmo de proselitismo en varios municipios. A dos meses de los comicios, en Magangué, Bolívar, a la gente lo que menos le interesa son las próximas elecciones. En un ambiente de tensa calma sus habitantes piensan más en cómo solucionar sus problemas inmediatos, pues creen que el pueblo cada vez se deteriora más. Por Óscar Gamboa, Enviado especial de El Pais Caquetá Aunque reconocen que no existe una amenaza expresa de las Farc, con excepción de Puerto Rico y El Doncello, en donde todos los servidores públicos fueron declarados objetivo militar, los candidatos a las alcaldías y concejos de los municipios del Caquetá no se atreven a promover sus candidaturas en las zonas rurales. La actividad proselitista está concentrada en unas cuantas calles de las cabeceras municipales, donde la Fuerza Pública dice que puede garantizarles la seguridad. En gran parte de esa zona del país las Farc siguen mandando. La presión y la intimidación se perciben en los candidatos a alcaldías y concejos de la mayor parte de los municipios del Caquetá. El temor se siente, se huele en las campañas. “No estoy saliendo a la zona rural. Ningún candidato lo está haciendo porque por acá dicen que no se puede hacer proselitismo”, manifestó Ludivia Hernández, candidata liberal a la Alcaldía de El Paujil. Así lo comprobó un equipo periodístico de El Pais durante un recorrido por los municipios del Caquetá. Y es que a dos meses de las elecciones regionales, ni las autoridades militares ni de Policía se comprometen a asegurar que en Caquetá, epicentro del Plan Patriota —la mayor ofensiva militar contra las Farc—, los ciudadanos podrán comparecer sin problemas a las urnas. Según el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, ese departamento, junto con Huila y Putumayo, es uno de los de mayor riesgo frente a las elecciones del 28 de octubre. A pesar del inmenso despliegue de la Fuerza Pública (Ejército y Policía) sobre la vía principal que comunica a Florencia con Montañita, El Paujil, El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, lo que les permite a los ciudadanos movilizarse con tranquilidad, los caqueteños no se sienten seguros ni en las áreas urbanas, en donde también existe fuerte presencia de los organismos de seguridad. Hasta hace dos años los retenes de las Farc eran parte del paisaje en esa vía. Incluso, en algunos municipios la delincuencia común se ha incrementado, especialmente en la población menor de edad. Ese es otro tema de preocupación para los candidatos. Campaña urbana. “Los candidatos no están saliendo a las veredas. Temen por sus vidas. Ellos se cuidan porque saben que, aunque no hay amenazas directas, la presión sí se siente en el ambiente”, señala la secretaria de Gobierno de Puerto Rico, María Eugenia Herrera. Situación que fue ratificada por el candidato del Partido Liberal a la Gobernación, Álvaro Pacheco, quien reconoce las dificultades con las que se hace proselitismo. “En los perímetros urbanos, incluso, hacemos campaña, pero bajo unas normas muy estrictas de seguridad”. En San Vicente, municipio que fue el centro de la zona de distensión durante los diálogos del Gobierno con las Farc, Farid Quintero (Partido Liberal), Hernán Cortés (Apertura Liberal), Julio César Carrillo (Alianza Social Indígena) y Domingo Pérez (Polo Democrático), se disputan la Alcaldía. Ninguno de ellos, pese a que allí operan el Batallón Cazadores, la Brigada Móvil No.9, un batallón de alta montaña y cerca de un centenar de agentes de la Policía, ha visitado alguna de las más de 200 veredas y caseríos que lo conforman. La única vía para poder difundir el mensaje son los presidentes o delegados de las juntas de acción comunal, quienes periódicamente bajan al pueblo a comunicarse con sus líderes. “Nos llegaron algunos comunicados en los que nos decían que no saliéramos a hacer campaña a la zona rural, entonces decidimos aprovechar a los presidentes de las juntas de acción comunal y a los líderes de las veredas”, asegura el candidato a Alcalde Domingo Pérez. Además de ello, revela que la Fuerza Pública les hizo saber que no cuenta con personal suficiente para garantizarles seguridad en las zonas campesinas. “Eso contradice la Política de Seguridad Democrática”, dice, y añade que su mayor poder electoral está en las veredas. El secretario de Gobierno, Luis Fernando Valencia, opina que la situación ha mejorado con relación a otros años, pero reconoce que “hay inconvenientes en algunas zonas del sector rural, en donde, de manera permanente, se denuncian desapariciones y asesinatos”. En las poblaciones aledañas al río Guayabero, como El Pato, La Sombra o Campo Hermoso, desde hace muchos años no hay actividad proselitista. Allí las Farc siguen mandando. Por ello es que el comandante de Policía de San Vicente, mayor Hébert Pérez, les recomienda a los candidatos que “es mejor que vayan a los sitios en donde se les pueda garantizar la seguridad” y ello sólo ocurre en el casco urbano. Dueños del miedo. El temor a las represalias de la guerrilla que expresan los candidatos en San Vicente no es distinto en Puerto Rico, donde hace dos años las Farc asesinaron a seis concejales durante una sesión. Los sobrevivientes y quienes reemplazaron a los muertos sesionan en la capital del departamento. Además, todos los funcionarios municipales fueron declarados objetivo militar, por lo que no salen de la localidad sin la autorización de la Policía. El comandante de esa institución en el municipio, capitán Héctor Ramírez, no desestima la amenaza de las Farc contra la clase política de Puerto Rico, pero advierte que “hasta ahora ninguno de los candidatos ha pedido seguridad”. Sin embargo, el comandante de la Policía de Caquetá, coronel José Ángel Mendoza, dice que los aspirantes cuentan con todas las garantías y que las versiones de la imposibilidad de hacer política en las áreas rurales “obedece a una estrategia que no necesariamente es real. Una cosa es que lo digan para beneficiar sus campañas y otra, por buscar publicidad”. El temor a las represalias de la guerrilla se refleja en el número de inscritos para el Concejo, corporación compuesta por 13 integrantes, para el que se presentaron sólo 20 candidatos en seis listas. Los aspirantes a la Alcaldía son cuatro. Igual ocurre en El Doncello, en donde hasta hace unos años se presentaban hasta 70 candidatos al Concejo para disputar once curules. En esta oportunidad sólo se inscribieron 28. “A muchos los metieron de relleno para completar las listas”, manifiesta Jesús Antonio Correa, candidato de la ASI a la Alcaldía. Y no es para menos, hace escaso mes y medio sicarios de las Farc asesinaron dentro de sus casas a los concejales Argemiro Medina y Ofelia Betancur; también murió la hermana de esta última, Rosalía Betancur. Los restantes se salvaron porque no estaban en los sitios en que los buscaron los asesinos. Ahora están en el exilio. “No vamos a las zonas rurales porque hay rumores de que los grupos al margen de la ley prohiben hacer campaña”, expresa Jaír Cárdenas, candidato del Partido Liberal.
Pero también reconoce que cuando mataron a los concejales había información de movimientos de la guerrilla en la zona. “Se hablaba de 600 subversivos movilizándose”, dijo. En El Doncello, según el secretario de Gobierno del departamento, Dúver Soto, las amenazas son reales. Aunque expresa que sólo ha recibido la queja del candidato a la Alcaldía de Jaír Díaz, considera que la situación en todos los municipios es demasiado tensa. Incluso, en Florencia. En las zonas urbanas la presión es ejercida por cientos de milicianos. Es que como lo expresara un oficial del Ejército, “en el Caquetá la pertenencia a la guerrilla es de sangre, de familia”. Votaciones en duda. Pero así como no hay garantías de seguridad para los candidatos, tampoco las hay para la realización de las elecciones. Y aunque el delegado departamental de la Registraduría, Fernando Sánchez, dice que el objetivo es instalar mesas de votación en todas las zonas del departamento, la realidad en los municipios es otra. Para los organismos de seguridad del Estado lo más recomendable es que las votaciones se concentren en los cascos urbanos y que los campesinos se desplacen hasta esos sitios para ejercer su derecho a elegir. “Vamos a recomendar que por seguridad todas las mesas se instalen en el casco urbano. No tenemos la capacidad para garantizar la zona rural. Es muy complicado”, expresa el capitán Moyano. Ello significará que, como ocurrió hace cuatro años, la participación en estos municipios sería de menos del 25% del potencial electoral y que en municipios como San Vicente del Caguán, donde el potencial electoral es de 19.682 ciudadanos, el Alcalde haya sido elegido por 1.974 de las 4.529 personas que pudieron sufragar. En Puerto Rico, por ejemplo, que tiene 35.000 habitantes, el actual Mandatario fue elegido por 1.200 votos, mientras que en la Inspección de Santana Rana, que acoge a 8.000 personas, por estar en zona de influencia de la Columna Teófilo Forero de las Farc, ninguno de sus habitantes pudo votar. También partidario del traslado de las mesas de votación de la zona rural a las cabeceras municipales se mostró el Comandante de la Policía en San Vicente del Caguán. Pero a ese traslado de mesas se suma el impedimento de los grupos armados para que los campesinos concurran a las urnas el 28 de octubre. Tal vez por ello es que Gabriel Guerrero asegura que “estamos orando para que se conmueva el corazón de los grupos armados y dejen salir a la gente a votar”. Por Arcadio González Ardila, Enviado especial de El Pais. Magangué, Bolívar Quien visite por estos días el caluroso puerto de Magangué, punto de encuentro de los llamados ‘sures’ –sur de Bolívar, sur de Magdalena y sur de Sucre–, difícilmente creería que en dos meses se realizarán las elecciones territoriales. Más aún. Nadie imaginaría que el puerto más importante de Bolívar sobre el río Magdalena es la cuna de la controvertida empresaria Enilse López Romero, hoy detenida, quien con sus testimonios marcó la largada de la llamada parapolítica y tiene en problemas judiciales a buena parte de la dirigencia regional. En Magangué se respira un ambiente tenso. Si bien el orden público está en relativa calma, salvo algunos hechos aislados, se sabe que la turbulencia política se vivirá en las próximas semanas cuando los comicios entren en la recta final. Contrario a lo que se cree, en las principales calles de esta población de unos cien mil habitantes no son tantos los pasacalles, vallas, pendones y afiches alusivos a las elecciones. En realidad estos están ubicados en sectores estratégicos. El registrador municipal, Jorge Morales, explica que la inscripción de candidatos “fue muy sobria: no hubo papayeras ni orquestas como en otras ocasiones. Eso distensionó”. Pese a ello, en Magangué fue anulada la tercera parte de los votos en las elecciones del 2006 y se comprobó el fraude en comicios anteriores con presiones de grupos paramilitares y sobornos a funcionarios públicos. “Magangué ha sido estigmatizado como municipio corrupto, pero eso está cambiando. La labor de la Registraduría ha tenido muy buena aceptación y no tenemos denuncias sobre presión de grupos ilegales; consideramos que hay suficientes garantías para todos los candidatos”, insiste Morales. Lo cierto es que, muy en voz baja, sus pobladores evidencian el desgano por la jornada democrática. “Ningún alcalde ha servido para nada. El pueblo cada vez se deteriora más”, afirma un vendedor ambulante. Es más, para muchos “el temor” es que el próximo alcalde sea Arcesio Pérez Bello, candidato del Movimiento Apertura Liberal, el mismo por el que fue elegido el representante a la Cámara Héctor Julio Alfonso, hijo de Enilse López. Su hermano Jorge Luis es el alcalde, aunque está provisionalmente fuera del cargo, pues la Fiscalía lo investiga por varias irregularidades en su gestión. “Él (Pérez) es el candidato de la Administración, la peor que ha tenido Magangué en toda su historia. Aquí tenemos alcalde sin rostro, nadie lo conoce. Tampoco la alcaldesa encargada da la cara. La crisis es tan grave que, si en estos cuatro años acabaron el pueblo, en los próximos cuatro lo desaparecen”, sostiene el candidato Ánuar Arana Gechem, del Movimiento Comunitario Por la Restauración Social de Magangué. Veeduría Internacional. Pérez Bello, un abogado de profesión que ha sido dos veces concejal del pueblo, explica que todo se debe a una campaña de desinformación a través de los medios locales. “No soy cercano ni distante a la Administración. He apoyado las cosas buenas y criticado las malas. Lo que ocurre es que la gente ha madurado políticamente y ya tiene una decisión tomada sobre su candidato. Llevamos catorce meses trabajando en este proyecto y en política hay dos ejercicios aritméticos: sumar y multiplicar, nunca podemos restar ni dividir”, dice. Se refiere a las adhesiones que ha recibido. Sin embargo, un conocedor de la política en Bolívar dice que en todo el departamento “los consensos políticos se dan por plata, no por acuerdos programáticos. Cada concejal le pone un precio a su potencial electoral para sumarlo a otro candidato. Eso lo sabe todo el mundo”. A su vez, el candidato del Polo Democrático, Marcelo Torres, insiste en la “desproporción entre el candidato de la Administración y los demás aspirantes”, y agrega que hacer campaña, especialmente en las zonas rurales, “es muy difícil porque los ex paramilitares están merodeando”. Por eso todos los candidatos pidieron veeduría internacional para evitar irregularidades como ha ocurrido en el pasado. Mientras tanto, fuentes oficiales que piden el anonimato reconocen que el ambiente previo a las elecciones “es de menos zozobra que en épocas de ‘La Gata’ –como le dicen a Enilse López–. De todas maneras la gente siente miedo porque aquí hay muchas personas que la sigue apoyando”. Las autoridades, por su parte, tienen montado todo un dispositivo de seguridad, especialmente en los 40 corregimientos, para evitar posibles alteraciones del orden público y de los resultados electorales. Al final, no se descarta que sólo queden dos candidatos: Arcesio Pérez Bello y quien resulte ganador de una encuesta promovida por sus émulos bajo el compromiso de que el ganador recibe el apoyo de los demás. Antecedentes Mayo 24 del 2005: mientras cumplían con su deber fueron asesinados seis cabildantes del municipio de Puerto Rico. Los sobrevivientes tuvieron que abandonar el pueblo, Diciembre 1 del 2005: fue asesinado el presidente del Concejo de El Paujil, Daniel Monroy Morales. Julio 10 del 2007: en El Doncello fueron asesinados los concejales Argemiro Medina y Ofelia Betancur. El dato clave Las elecciones al Congreso de la República en el departamento de Bolívar en los años 2002 y 2006, y las locales del 2003, fueron el punto de partida de la llamada parapolítica, que ya tiene a varios dirigentes en la cárcel.
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En San Vicente del Caguán, en donde la campaña política está en pleno furor, los candidatos decidieron ubicar sus sedes en el parque principal, a pocas cuadras del puesto de Policía. Allí un directorio es vecino del otro.