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Las ‘ovejas negras’ de las elecciones regionales Bogotá y Cali - Redacción de El Pais Jurídicamente ni la Registraduría puede evitar la inscripción de aspirantes inhabilitados. Pues de ser elegidos, su situación la resolverá la justicia ordinaria o la contenciosa. El procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, invitó a los ciudadanos a no votar por estas personas. A pesar del compromiso que adquirieron en marzo pasado todos los partidos y movimientos políticos al suscribir en la Casa de Nariño el Pacto Político a Voto Limpio, son muchos los candidatos cuestionados que se ‘colaron’ y lograron conseguir un aval para participar en las elecciones de octubre. “Tendremos toda la diligencia para evitar la inscripción de quienes estén incursos en investigaciones con graves indicios contra la ética, la moral y las normas jurídicas, y que puedan generar inhabilidad”, dice el segundo punto del pacto. El tercer ítem advierte que “no inscribiremos como candidato a ningún ciudadano de quien se tenga noticia que haya recibido apoyos o pertenezca a grupos delincuenciales, ni a quienes tengan antecedentes judiciales, fiscales o disciplinarios”. Pero los hechos demuestran que todas esas buenas intenciones se quedaron en eso. De hecho, la Procuraduría detectó entre los inscritos a 269 aspirantes inhabilitados, pertenecientes a 24 partidos y movimientos políticos. Pero el número podría aumentar, pues el Ministerio Público no ha terminado de verificar los antecedentes de los candidatos. Uno de los partidos con más aspirantes sospechosos es el de la U, el cual está en el ojo del huracán por cuenta de dos de sus ‘cartas’. Se trata de Alfonso López Cossio, quien aspira a la Gobernación de Bolívar y es mencionado dentro de las investigaciones de la parapolítica por participar, supuestamente, en una reunión en Barranco de Loba (Bolívar) con varios jefes paramilitares, en el 2004. El otro es el candidato a la Gobernación de Sucre Jorge Barraza, de quien se ha dicho sería la ficha del detenido senador Álvaro García Romero. Pese a ello, el senador Carlos García Orjuela, presidente de la U, se comprometió a asumir la responsabilidad política y reiteró que no les retirará el aval “mientras no existan hechos probados, actuaciones de la justicia o antecedentes del DAS”. Según la Procuraduría, la U tiene 28 candidatos cuestionados. Otro de los casos protuberantes es el del ex gobernador de Casanare William Pérez Espinel, quien busca repetir cargo en octubre a nombre del Partido Liberal, pese a que tiene vigente hasta el 2009 una sanción de la Procuraduría. César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, explicó a través de sus voceros que “hemos dado instrucciones de retirar avales donde se detecten problemas y tomaremos las medidas del caso”. Pero hasta la fecha, Pérez Espinel sigue firme. Son 27 los candidatos liberales cuestionados por la Procuraduría General. Por el lado conservador, que tiene 38 aspirantes inhabilitados, su presidente, Efraín Cepeda, dijo que se parte de la buena fe. “Antes del informe de la Procuraduría habíamos retirado cuatro candidatos. Enviamos al Ministerio del Interior una lista de personas para cruzar información con los organismos de control y este es el resultado: 33 candidatos inhabilitados. De ellos seis no se inscribieron, cuatro renunciaron al aval, cuatro demostraron su probidad y 19 fueron definitivamente retirados de nuestras listas. En total, expulsamos a 54 candidatos. Su situación quedó en manos del Tribunal de Ética”. Cuestionados y cuestionables La situación también afecta a Cambio Radical, que tiene 17 candidatos cuestionados. Entre ellos, José Leonidas Soto, aspirante a la Gobernación de Vaupés e inhabilitado durante cinco años para contratar con el Estado. Voceros de esa colectividad sostienen que le retiraron el aval a Luis Carlos González, aspirante a la Asamblea de Nariño, y a Carlos Alberto Ortega, a la Alcaldía de Albán (Nariño), y que “se estudia su expulsión”. Convergencia Ciudadana, el partido de Luis Alberto Gil, tiene 21 candidatos inhabilitados. Entre ellos Félix Acosta Soto, que busca la Gobernación de Amazonas, y otros con sanciones disciplinarias vigentes. Incluso, el propio senador Gil está vinculado a una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la parapolítica. El Polo Democrático Alternativo tampoco escapa de esta situación, pues 17 de sus avalados tienen sanciones disciplinarias. Entre ellos, Carlos Martín y Édgar Sánchez, candidatos a las alcaldías de El Colegio y Sibaté, en Cundinamarca. De otro lado, en las elecciones de octubre participarán algunos de los considerados ‘barones electorales’ que, aunque no tienen inhabilidades, sí tienen reparos éticos. Son los casos del ex presidente del Congreso Julio César Guerra Tulena, quien después de varios años de receso decidió postularse a la Gobernación de Sucre por el Partido Liberal, y José Name Terán, que se postuló a la Gobernación del Atlántico por el Partido Conservador. Ambos son considerados representantes de la vieja clase política.
Muchos casos en el Valle del Cauca En el Valle del Cauca la situación no es distinta a la del resto del país. Y aunque el listado completo de candidatos inhabilitados, o presuntamente inhabilitados, elaborado por la Procuraduría General no ha sido publicado, hay cuestionamientos por doquier sobre la condición de algunos de los aspirantes a las elecciones de octubre. Unos por haber sido sancionados de manera penal o disciplinariamente o por ser herederos de la vieja clase política. Dentro de este último grupo están: Oriana Carvajal, aspirante al Concejo de Cali por el Partido de la U e hija del cuestionado representante a la Cámara José Tyrone Carvajal, y Juan Manuel Mejía Henao, hijo del ex senador Álvaro Mejía López (condenado por el Proceso 8.000) y sobrino del ex concejal de Cali Mauricio Mejía López, detenido por el caso de corrupción en la ampliación de cobertura en Cali. En Tuluá aspira a la Alcaldía, a nombre del Partido Verde Opción Centro, el ex mandatario de esa localidad Francisco Javier Gálvez Giraldo, quien en mayo fue condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Buga. Allí fue hallado responsable de los delitos de injuria y calumnia. Gálvez, sin embargo, dice que se inscribió para aspirar a la Alcaldía porque la sentencia nunca fue ejecutoriada y, además, sus abogados interpusieron un recurso de casación ante la Corte Suprema. Pero también en Tuluá se inscribió para la Alcaldía, por el Movimiento Somos Tuluá, Rafael Eduardo Palau Salazar, heredero del veterano dirigente liberal Rafael Emilio Palau. En Candelaria, al ser considerada como representante de la vieja clase política, se cuestiona la candidatura a nombre del Partido Liberal de Zorayda Zamorano Lozano (primer alcalde popular), la cual fue vinculada al Proceso 8.000, caso que fue precluido en su favor por vencimiento de términos. La señora Zamorano es esposa del también ex alcalde Dagoberto Escobar Ayala, quien también fue investigado penalmente, pero declarado inocente en un proceso que derivó en una investigación por falsa denuncia contra el ahora candidato a la Alcaldía Albel Ortega, también declarado inocente. En Buenaventura aspiran a la Alcaldía los ex alcaldes Édgar Roberto Carabalí (Colombia Democrática) y José Félix Ocoró (Convergencia Ciudadana), quienes estuvieron detenidos en procesos por presuntos actos de corrupción, de los que fueron absueltos. Tres datos claves En pocas palabras
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