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Las transferencias dividen a Gobierno, oficialistas y oposición
Los representantes del Gobierno, sus partidarios en el Congreso y la oposición dejaron en claro su gran distanciamiento a la hora de tocar el tema de las transferencias a las regiones, en el marco del foro Salud, Educación, Salud y Descentralización en Juego: La Reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), como parte de los Diálogos Por Nuestra Identidad.
En el foro, organizado por El País, Semana, Caracol Radio, RCN Radio, la Universidad Icesi, la Cámara de Comercio de Cali y la Unidad de Acción Vallecaucana, se dejó sentir el claro malestar que sienten los representantes de las regiones con el Proyecto de Ley sobre reforma al régimen de transferencias, que fue aprobado en segundo debate en el Congreso de la República el pasado lunes.
En primera instancia, la directora de Planeación Nacional, Carolina Rentería, defendió las virtudes del proyecto presentado por el Gobierno, diciendo que con éste se regularían las finanzas de la Nación, al evitar la “volatilidad e incertidumbre” en el manejo de los recursos.
Sin embargo, el ex constituyente y ex ministro de Estado Jaime Castro criticó ácidamente el pronunciamiento de la titular de la DNP, afirmando que “las participaciones no son concesiones generosas del Gobierno o los legisladores de turno para con las regiones, sino conquistas de la democracia”. Además, aseveró que el Gobierno manipula las transferencias en pro de pagar el servicio de la deuda externa, único ítem, según Castro, que no se toca dentro del Presupuesto General de la Nación.
Por otra parte, refutó vehementemente a Rentería, al decir que el porcentaje de las participaciones regionales no es del 40%, como dice el Gobierno, sino del 10%, debido al manejo errático de los recursos por parte de la Administración Central.
Seguidamente, Francisco Piedrahita, rector de la Universidad Icesi, contradiciendo también la posición del Gobierno, declaró en su intervención que el parágrafo 33 del Acto Legislativo de 2001 es el gran culpable de que las transferencias sean desviadas para otros propósitos, y presentó una fórmula según la cual las regiones no percibirían el 21% de los recursos, como lo plantea el actual proyecto para 2019, sino que ese porcentaje se elevaría hasta el 35%.
El turno de los políticos en este foro comenzó con el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien defendió la aplicación del parágrafo 33 del Acto Legislativo de 2001, pero dejó en claro que este no se aplació bien y que se hizo un uso “errado de los presupuestos nacionales, manejados con un criterio centralista exacerbado y caprichoso”.
Acto seguido, el senador Luis Guillermo Vélez, del Partido de la U, dejó entrever que la culpa de la mala destinación de las transferencias no la tenía toda el Gobierno, sino también las regiones, al haber una pereza fiscal para hacer vigilancia sobre los dineros. “Hay que hacer una vigilancia sobre esos recursos, sin que se recurra al centralismo”.
En su turno, el representante vallecaucano Roy Barreras, dijo que hay que procurar que las regiones sean las que manejen sus propios recursos.
“Algunos argumentan que desde Bogotá se dictan mejor las políticas económicas, pero todos sabemos que esa es una visión centralista”, dijo el político perteneciente al Partido Cambio Radical.
No obstante, el senador Oscar Darío Pérez le 'echó la culpa' del caos del régimen de transferencias a la “piñetera” Constitución de 1991.
“La Constitución del 91 fue la culpable de establecer la inmunidad del servicio al pago de la deuda y propendió por eliminar el orden departamental”, dijo el ponente del Proyecto de Ley que pasó en segundo debate en el Senado de la República.
Por último, Angelino Garzón hizo un vehemente llamado al Gobierno para que piense en las regiones. “Esto que hicieron el lunes me obliga a postergar muchos gastos comprometidos para el bien del Departamento. El Gobierno debe saber que las regiones somos Colombia y no podremos sobrevivir si nos quitan nuestros recursos”.
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