Preocupación
Una época de conmoción para la justicia caleña
Por Perla Escandón Tovar
Efectos. Aún no se han cuantificado los daños dejados por el carrobomba en los expedientes. El Centro de Servicios Judiciales está terminando de acondicionar sus oficinas en el Edificio Entreceibas.
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| Cali afronta la peor crisis en materia de justicia porque al paro se sumó el atentado al Palacio. Incertidumbre.
Desde el 1 de septiembre pasado la administración de justicia en Cali vive una de las peores épocas de su historia. El atentado terrorista perpetrado por las Farc contra el Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano no acabó con una estructura física, pero sí ha causado grandes traumatismos en la prestación del servicio a los caleños.
Al hecho criminal se sumó el cese de actividades por parte de unos 1.100 trabajadores, que llega a 39 días sin que se logre una solución.
Por estas dos causas, a la fecha unos 90.000 procesos que deben resolver 89 jueces de diferentes especialidades están congelados, más de 5.000 denuncias se han dejado de interponer y unas 3.000 audiencias programadas están suspendidas.
Entre las aplazadas están las sesiones para dictar condena contra seis miembros de la temible banda de sicariato de ‘La Negra’ o ‘Molina’ y la de acusación contra integrantes de la banda del ‘Indio William’ que delinquía en Jamundí.
La Ley de Justicia y Paz, que tenía curso en el Edificio Los Conquistadores, también está en el limbo. Las versiones libres están suspendidas hasta tanto Asonal Judicial reanude actividades.
Sin embargo, el daño más grave generado por el paro está en que los caleños no tienen dónde colocar denuncias, debido a la falta de servidores públicos que reciban los casos.
Antes de que el Palacio fuera objetivo terrorista, la Sala de Atención al Usuario atendía a diario de 120 a 150 denuncias por hurto, estafas e inasistencia alimentaria, entre otros. Además, se efectuaban 80 audiencias de conciliaciones de querellas.
Ahora las víctimas de delitos (diferentes a los perpetrados con violencia) deben esperar hasta que la administración de justicia vuelva a la normalidad.
“Esto es una injusticia porque los afectados quedamos expuestos”, expresó Marta Pérez, quien decidió denunciar a su esposo por violencia intrafamiliar, pero no le quedó más remedio que someterse a una valoración médica.
“Uno no sabe qué hacer, me dijeron que me toca esperar que levanten el paro y por ahora llamar a la Policía”, añadió la afectada.
Además de los miles de caleños que no tienen donde interponer denuncias ni consultar sus procesos judiciales, un gran número de personas internas en la cárcel están a la espera de ser condenados o de recuperar la libertad.
“En material penal tenemos ocho mil procesos activos. Los 60 defensores públicos no han podido hacer ningún tipo de diligencia”, señaló el defensor Regional del Pueblo, Andrés Santamaría.
Si la situación es delicada para los usuarios y para los procesados, también lo es para los abogados litigantes de la ciudad que han tenido que cerrar sus oficinas.
“Estamos recurriendo a préstamos para solventar nuestras necesidades familiares y profesionales”, acotó Alejandro Arenas, decano del Colegio de Abogados Litigantes (integrado por 300 profesionales).
“Los clientes han comenzado a dispersarse de sus obligaciones económicas y de su misma reclamación”, agregó Julio César González, abogado penalista, quien dice que tiene unos cien procesos pendientes de tipo penal, familiar y civil.
“Somos desplazados del Palacio. Uno no se explica por qué el departamento teniendo muchísimos inmuebles, no aporta nada a la justicia para resolver el problema”, aseguró González.
Ambos abogados se oponen a que los trabajadores judiciales suspendan nuevamente las labores por efecto de las vacaciones de fin de año.
“Los paros se volvieron crónicos, exigimos que se recupere el tiempo perdido porque nadie nos va a indemnizar los perjuicios, salvo que instauremos acciones legales contra el Estado”, enfatizó Arenas.
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"El panorama de Cali es grave. La justicia resuelve los conflictos de la sociedad y mientras haya paro la ciudad seguir� en conflicto�. Andr�s Santamar�a, defensor Regional del Pueblo. "Es una muestra de la paquidermia del Estado. A finales de septiembre iba a salir un fallo de un proceso hipotecario que tengo en el Juzgado Tercero Civil del Circuito y pararon�. Gloria de Aguirre, afectada. "Esto es lo peor que nos puede pasar a los ciudadanos. Por el atraso en el pago de dos cuotas del carro me llevaron a cobro jur�dico y el proceso qued� parado en el juzgado�. Ram�n Hern�ndez, afectado. | | Sin un Palacio de Justicia
Sin embargo, la ciudad no resolverá el problema con la clausura del paro judicial. Tampoco con la militarización de sedes para que los funcionarios puedan desarrollar su trabajo como se determinó en otras ciudades, sencillamente porque los jueces diferentes a los de Control de Garantías no tienen un lugar desde donde despachar.
Los 15 juzgados civiles, los 10 de Familia y los 12 laborales siguen cerrados. El Consejo Seccional de la Judicatura definió su traslado al Edificio Garrido, diagonal a la Cámara de Comercio, pero las oficinas no han sido acondicionadas.
Una situación similar ocurre con los jueces de Ejecución de Penas, los de Conocimiento y los Especializados que deberán funcionar en el segundo piso del Edificio Entreceibas, en la Calle 8 No. 1-16.
Estos últimos tienen pendientes casos de narcotráfico, terrorismo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Los únicos que han operado en completa normalidad son los juzgados de Infancia y Adolescencia y los administrativos y el Tribunal Superior de Cali, a los cuales no les llegó la onda expansiva por no estar ubicados en el Palacio.
“Todo lo que está represado no es por causa del paro, sino por la bomba”, precisó Gloria Canaval, presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura.
La magistrada señaló que, una vez se resuelva el problema de ubicación de los juzgados, se tomarán medidas urgentes para descongestionar estos espacios. “Estos decretos (Conmoción Interior) pueden servir, pero necesitamos la colaboración del Municipio y de la Gobernación”, dijo.
Para el director Seccional de Fiscalías de Cali, Alejandro Padrón, más que el paro, lo en verdad preocupante es la consecución de la sede para el ente acusador. “Tenemos que encontrar un inmueble que soporte a más de 400 funcionarios y al público, que sea cómodo y en el que se pueda montar todo el andamiaje, que quede equidistante a las salas de audiencia. Con el paro no hay problema, se levanta y prestamos el servicio así sea en carpas”.
Padrón recalcó que el gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, le prometió la donación de mil millones de pesos para la consecución de un inmueble. “Estamos apelando a la colaboración. El problema ocasionado por la bomba no es de la Fiscalía, es de la ciudad. Cali no puede no puede darse el lujo de no tener un búnker”.
La directora del CTI en Cali, Marta Janeth Mancera, aseguró que el restablecimiento de la justicia va a ser un proceso un poco lento, sobre todo las decisiones relacionadas con la formulación de imputación, las medidas de aseguramiento y las acusaciones.
“Hay pocas salas de audiencias para compartirlas entre 80 fiscales y dos policías judiciales (Sijín y CTI). Por eso cuando levanten el paro, vamos a trabajar con alguna dificultad”, concluyó.
Actos que se han cumplido
El Gobierno Nacional aseguró que los 2.700 delincuentes que han recuperado la libertad en el país por causa del paro motivaron la declaratoria de la Conmoción Interior.
Sin embargo, en Cali ningún criminal ha regresado a la calle por vencimiento en los términos judiciales.
Cada día, en promedio, entre 7 y 12 audiencias de legalización de capturas se llevan a cabo en las tres salas acondicionadas en la Casa de Justicia de Siloé.
En la actualidad, los once jueces de Control de Garantías han realizado 295 audiencias preliminares en este espacio. Una cifra similar llevan los seis jueces en Aguablanca.
La mayoría de las legalizaciones están relacionadas con tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, homicidios y los capturados por orden judicial.
Pese a que las Unidades de Reacción Inmediata, URI, de las Casas de Justicia de Siloé y de Aguablanca están cerradas, los servidores de la URI del barrio Santa Anita está cumpliendo con los llamados actos urgentes.
“Las capturas en flagrancia, los allanamientos, las inspecciones a cadáveres y las detenciones por delitos de impacto como homicidios, terrorismo y estafas en gran cuantía no se han visto afectados”, aseguró la directora del CTI, Marta Janeth Mancera.
El mes pasado los 16 hombres de la URI, que trabajan en cuatro turnos de cuatro unidades, atendieron 214 actos urgentes y realizaron 250 levantamientos de cadáveres en la vía pública y en centros hospitalarios. Estas muertes fueron por caídas, intoxicaciones, ahogamiento, sobredosis, accidentes de tránsito y por armas de fuego o blancas.
Este mes llevan 63 casos urgentes y 59 fallecimientos.
Cifras
4000 usuarios visitaban el Palacio de Justicia antes del atentado.
10 procesos judiciales entraban por reparto cada día al Palacio.
500 querellas por accidentes de tránsito con lesionados están pendientes de ser enviadas a la Fiscalía.
Datos clave
Asonal Judicial insistió que se va a mantener el paro y que va a demandar el decreto presidencial ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
El Consejo Superior de la Judicatura afirmó que la reparación del Palacio de Justicia tardará cuatro meses. Los despachos judiciales seguirán operando en ese sitio.
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