Apelación
Piden reabrir proceso penal al Alcalde
Procuraduría insiste ante la Fiscalía en que hay pruebas de irregularidades en el contrato con la firma Sí Cali.
La Procuraduría solicitó a la Fiscalía reabrir el proceso penal contra el alcalde Apolinar Salcedo, su directora de Hacienda y dos personas más por considerar que existen pruebas suficientes para investigarlos por las presuntas irregularidades en el contrato de modernización de la Dirección de Hacienda.
Como se recuerda, la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, de la Fiscalía General de la Nación, se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en contra del alcalde, la directora de Hacienda, María del Rosario Peña, el ex director jurídico de la Alcaldía Juan Gabriel Rojas y Víctor Armella, representante de Sí Cali.
En el recurso de apelación, la Procuraduría Regional del Valle del Cauca y la procuradora judicial coincidieron en señalar que el material probatorio determina que existió improvisación en el proceso licitatorio que entregó el recaudo de los impuestos de la ciudad, por quince años, a la firma Sí Cali.
Para el organismo de vigilancia administrativa, durante el trámite del proceso licitatorio fue posible comprobar varios hechos que pueden constituir irregularidades que ameritan sanción penal.
En ese sentido, indicaron que no hubo planeación, ya que inicialmente la Alcaldía señaló que se trataba de una concesión Total de servicio, pero terminó celebrando un contrato de prestación de servicios, con una empresa privada, para modernización y cobro de impuestos por un periodo de 15 años.
Además, se comprobó que en octubre del 2004 se expidieron documentos que, más que aclarar, modificaron los pliegos de condiciones. Tampoco se tuvieron en cuenta a los funcionarios que tenían experiencia para que realizaran estudios técnicos y otros trámites que permitieran la presentación de unos pliegos de condiciones acordes con el proceso de selección del servicio que contrataría la ciudad.
“Con estas acciones se desconocieron principios de transparencia, planeación y responsabilidad, por cuanto existió un incumplimiento de los requisitos para la celebración de los contratos estatales que se rigen por la Ley 80 de 1993, especialmente por la falta de planeación en la etapa precontractual y por entregar a un particular una función pública exclusiva del ente territorial”, indicaron en su apelación.
En la actualidad cursa en la Procuraduría un proceso disciplinario contra los funcionarios que participaron en el desarrollo de la licitación y que está a punto de ser fallado.
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