Polémica
Un viaje al contrato de Emcali con Parquesoft
La implementación de la nueva plataforma tecnológica de Emcali pretende acelerar las respuestas a la comunidad, disminuir las quejas y precisar los cobros a los usuarios. Sin embargo, aún muchos caleños dicen desconocer las bondades del proyecto. Los conocedores señalan que habrá que esperar un año, por lo menos, para hacer mediciones.
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| La antigüedad y fragilidad de los sistemas contables y de información de Emcali llevaron a la empresa a invertir 26 millones de dólares en este proyecto. “Parquesoft era la única y mejor opción”, insisten funcionarios de la empresa. Críticos cuestionan que no se hubiese adelantado la licitación. ¿Qué se teje detrás de la denuncia?
Una verdadera descarga eléctrica fue la que sacudió esta semana a Emcali. El 'simbronazo' estremeció las estructuras del edificio y dejó varios ‘chamuscados’.
El escándalo tuvo su primer capítulo con el abogado Jaime Lombana, quien denunció presuntas irregularidades en el contrato firmado el 21 de febrero del 2005 por Emcali con la Fundación Parquesoft para el diseño y montaje de una plataforma tecnológica.
Según el abogado, Emcali, a través del gerente interventor, Carlos Alfonso Potes, adjudicó de manera directa un contrato de 26 millones de dólares, cerca de $65.000 millones, sin abrir licitación o pedir cotizaciones a otras empresas.
Además, se cuestionó que Parquesoft contrató a la reconocida firma Swedtel, que posteriormente subcontrató a Open Systems, empresa en la cual tendría intereses Orlando Rincón, gerente de la fundación.
Los resultados del escándalo quedaron a la vista. El gerente de Emcali, Carlos Alfonso Potes, renunció a su cargo, aunque sostiene que ningún organismo de control ha hallado irregularidades en un contrato que se hizo hace 18 meses.
La superintendente Evamaría Uribe quedó en el ojo del huracán porque supuestamente ella conocía todos los intríngulis del contrato, situación que fue aprovechada por congresistas del Polo Democrático y Cambio Radical quienes solicitaron su renuncia. Pero al mismo tiempo reventaron también en la ciudad revelaciones sobre lo que estaría detrás de la ‘denuncia’ del abogado Lombana.
El Pais hizo un viaje a las entrañas del contrato para conocer sus antecedentes y establecer el por qué una estrategia para modernizar tecnológicamente a la empresa de servicios públicos de Cali terminó convertida en una telaraña de presuntas irregularidades y juegos de poder.
ANTECEDENTES. Tanto Potes como su sucesora Lourdes Salamanca explicaron que el proyecto de Plataforma Tecnológica Integral, PTI, consiste en la actualización de sistemas de tecnologías de información, acorde a los requerimientos de empresas de multiservicios. El proyecto comenzó a ser estudiado desde enero del 2003. Se diseñó debido a la obsolescencia de los sistemas y la necesidad de dotar a Emcali de herramientas adecuadas para permitir el mejoramiento de los procesos financieros, administrativos, comerciales y operativos.
“En este proceso se realizaron todos los trámites administrativos necesarios. Se presentó en diferentes escenarios como el comité consultivo, creado por la Presidencia para el seguimiento de la gestión de la compañía, la masa de acreedores que firmó el convenio de reestructuración, la Superservicios y el comité de acreedores (los bancos)”, indicó Salamanca.
En el plan de inversión definido en el convenio de ajuste financiero, suscrito con todos los acreedores de Emcali, se estableció una inversión de 27 millones de dólares, en tres años, para el desarrollo de esa plataforma integrada.
Para la escogencia de la Fundación Parquesoft no se dio muchas vueltas. Fuentes de Emcali señalan que rápidamente se llegó a la conclusión de que la única empresa que estaba capacitada en Colombia para hacer ese proceso era Parquesoft.
Una vez definida la conveniencia de contratar a Parquesoft, Emcali contactó a la firma Araujo Ibarra y Asociados para que emitiera un concepto sobre la legalidad del procedimiento. La consultoría arrojó que Emcali podía contratar directamente con Parquesoft, al amparo de la Ley 142 y el estatuto de contratación de la empresa.
Emcali invitó, entonces, a cotizar a la Fundación Parquesoft para desarrollar la integración del PTI y se solicitó que en estos componentes se incluyera el software de facturación de la empresa vallecaucana Open Systems, debido a que el aplicativo se había implantado tanto en EPM y sus filiales como en otras empresas nacionales e internacionales prestadoras de servicios.
“Emcali es una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, prestadora de servicios públicos domiciliarios, y su régimen de contratación, por disposición de las leyes 142 de 1994 y 689 del 2001, es de derecho privado, a la cual es aplicable el Código de Comercio y Código Civil, no la Ley 80 de 1993”, sostiene un abogado de la empresa.
CRÍTICAS. Fue allí donde se abrió la primera polémica. A pesar de que jurídicamente la Personería y la Controlaría reconocen que el contrato no tiene visos de ilegalidad, la pregunta que muchos se hacen es por qué, en aras de la trasparencia, no se licitó ese contrato.
Potes señala que no se necesitaba ya que se iba a contratar con una Fundación y porque, además, no existía en Colombia ninguna empresa con mayor experticia que pudiera prestar este servicio.
Desde el concejo, Milton Castrillón, Carlos Urresty, Juan Carlos Abadía y Jaime Gasca coincidieron en que aunque los contratos de Emcali no se rigen por la Ley 80, lo mejor hubiese sido haberla hecho bajo la figura de licitación pública.
Otros sectores salieron en defensa del proceso y advirtieron su legalidad.
“La Plataforma Tecnológica Integral fue contratada atendiendo el estatuto de contratación, que fue ampliamente discutido en su momento con las fuerzas sindicales y cívicas que hicieron parte del Comité Consultivo de Emcali, siguiendo estrictamente los principios de contratación pública y del régimen aplicable a las empresas de servicios públicos intervenidas”, indicaron, en un comunicado, los gremios de la ciudad, liderados por la Cámara de Comercio, la Unidad de Acción Vallecaucana, Fenalco y el Comité Empresarial del Valle.
Incluso, el 27 de septiembre del 2005 el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle se pronunció favorablemente sobre la legalidad del contrato, respondiendo a una acción popular que se había interpuesto.
PARQUESOFT. Pero el escándalo no sólo salpicó al Gerente de Emcali sino también a Orlando Rincón, alma y nervio de Parquesoft. Las acusaciones que se le hicieron, en el sentido de una supuesta triangulación que terminó favoreciéndolo, lo pusieron contra las cuerdas.
Rincón asegura que se contrató a la empresa de consultoría sueca Swedtel porque existían componentes del proyecto que no podían ser suministrados por Parquesoft.
“Como integrador del proyecto, Parquesoft colocó al servicio de la plataforma todo su conocimiento de la industria para articular no sólo a cerca de 50 compañías dentro de Parquesoft que aportaron productos, servicios y soluciones, sino también a los más de 20 proveedores de servicios, software e infraestructura externos que se requerían”, indicó Rincón.
Pero, surge el interrogante sobre por qué se subcontrató a Open Systems, que tiene una relación directa con Rincón.
El Gerente de Parquesoft respondió que no hay conflicto de intereses porque él tiene la representación legal de la filial, lo que no significa que sea accionista o propietario de Open.
“Desde el primer momento Parquesoft consideró que Open Systems era la empresa que debía suministrar todo el software asociado a la operación comercial de Emcali, dado que posee la mejor solución que existe en el mercado de América Latina para este frente. Cualquier otro proveedor que Emcali hubiera escogido, habría tenido que buscar a Open”, explicó Rincón.
IMPLEMENTACIÓN. Las dudas sobre la efectividad del proceso también han estado presentes. Hasta ahora el sistema ha sido ejecutado en un 80% y Emcali ha pagado a la fecha cerca de 18 millones de dólares.
El concejal Milton Castrillón promovió hace dos meses un debate en el Cabildo sobre el tema y considera que las deficiencias de la nueva tecnología implementada en Emcali por Parquesoft, reflejadas en mayo, impidieron que la empresa percibiera $90.000 millones por concepto de recaudo en facturas de servicios públicos.
Este diario publicó en varias entregas las molestias de usuarios reclamando por la doble facturación, otros pidiendo revisión o reclamando que sus recibos no habían llegado.
Para Lourdes Salamanca y Orlando Rincón estas situaciones son normales cuando se implementa este tipo de cambios e integraciones tecnológicas. Todo lo contrario de lo que piensan el personero Adolfo León López y el contralor Jorge Portocarrero, quienes tienen dudas sobre la ejecución del proyecto.
La Contraloría, de hecho, inició una auditoria al contrato. La complejidad de los sistemas y su manejo llevó a Portocarrero a solicitar a su homólogo de Cundinamarca un traslado de funcionarios capacitados en este tipo de investigaciones.
López solicitará una comisión especial, integrada por expertos de la Procuraduría, Fiscalía, Personería y Contraloría para hacer una investigación a la implementación del PTI.
“No podemos improvisar o decir cosas sin soportes técnicos”, advirtió López
LO QUE ESTARÍA DETRÁS. El colofón de esta historia no podría ser otro que la telaraña que se teje detrás de las denuncias.
Lombana, un reconocido abogado bogotano es, según confirmó la superintendente de Servicios, Evamaría Uribe, representante de la firma Servigenerales, una empresa también de la capital, que desde hace cinco años maneja la información comercial de Emsirva.
A Servigenerales le fue cancelado hace dos semanas el contrato, “lo que efectivamente es el origen de este coletazo que estamos viviendo”, aseguró la Superservicios.
Los hechos se remontan a noviembre del 2001 cuando el entonces gerente de Emsirva, Sergio Castañeda, firmó un contrato con Servigenerales para la implementación de un sistema que le permitiera conocer el número de usuarios, clasificación, tarifas y cartera.
Al final, Servigenerales no sólo se quedó con el manejo de la información comercial sino que se convirtió en competidor de Emsirva, pues se apropió de 1.689 clientes de las zonas industrial y rural de Yumbo.
La concejal Clementina Vélez se preguntó por qué apenas ahora se cuestiona el contrato entre Emcali y Parquesoft, cuando ha pasado más de un año de haberse celebrado.
De hecho, basta recordar que hace 16 meses, en las ediciones del 12 y 14 de mayo del 2005, El Pais informó profusamente sobre este proceso, mencionando las características del proyecto y dando espacio a las críticas.
Sin embargo, un año y medio después aparece una denuncia ante la Fiscalía causando dudas de un proceso, que aunque pudo haberse licitado, no pareciera tener visos de ilegalidad.
“Ahora que la Gerente interventora de Emsirva ha anunciado la no prórroga del contrato con Servigenerales y que contratará con Open Systems su plataforma tecnológica para recuperar toda la información acerca de sus clientes, la cual desconoce, nos encontramos con un asesor de esta empresa (Servigenerales) que hace denuncias sobre el contrato de Emcali con Parquesoft. Ustedes saquen las conclusiones”, dice la cabildante Vélez.
Los gremios también respondieron y afirmaron: “Queremos llamar la atención sobre la facilidad con la que se pretende mancillar empresas insignes del alma vallecaucana”.
Lo cierto es que la sensación de que la denuncia de la contratación de Emcali con Parquesoft tuvo que ver con la cancelación del contrato a Servigenerales quedó flotando en el ambiente.
Reacciones
“El contrato con Parquesoft se ajusta a las normas de contratación pública. No hay demostración de que hubo un manejo ilegal de esta contratación. Hace más de un año que se viene haciendo seguimiento a la gestión de la entidad y por el contrario los indicadores de gestión han mejorado considerablemente”. Evamaría Uribe, superintendente de Servicios Públicos.
“A pesar de haber participado en algunas reuniones con el gerente del área de informática, ellos mantuvieron su posición radical para adelantar este contrato, que incrementan los costos de operación, los cuales se reflejarán en las altas tarifas de servicios públicos a los usuarios”. Luis Hernández, de Sintraemcali.
“Solicito a los organismos de control que determinen si los contratos (Sercali y Parquesoft) celebrados por el saliente Gerente han sido leoninos, si sólo han beneficiado a los particulares en detrimento de la empresa y de los caleños, pues de ser así, ese comportamiento abriría las puertas a la privatización de los servicios”. Carlos Andrés Clavijo, concejal.
“No podemos permitir que individuos empañen, sin ningún sustento jurídico ni legal, la labor esmerada y responsable de funcionarios y organizaciones que con resultados positivos han mejorado la situación de nuestras empresas públicas, como acaba de ocurrir con Carlos Alfonso Potes y Parquesoft”. Christian Garces, concejal.
“El principio de selección objetiva, de alguna forma, pudo ser ignorado por Potes”. Adolfo León López,personero.
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