Escándalo
Emcali, en líos por contratación
La contratación de Parquesoft tiene como propósito mejorar la plataforma tecnológica de Emcali, permitiendo a los usuarios más rapidez en sus pagos y más puntos de información.
Foto | El Pais |
| La adjudicación, a dedo, de un millonario contrato a Parquesoft tiene en el ojo del huracán a la empresa de servicios. Contralor afirma que aunque la Ley faculta a la Gerencia de Emcali a hacer este tipo de negociaciones, por transparencia se debería convocar a licitación. Personero advierte que todo se ha concentrado en Carlos A. Potes. Concejales piden más control. Procuraduría investiga.
La denuncia interpuesta ante la Fiscalía por el abogado Jaime Lombana contra el gerente interventor de Emcali, Carlos Alfonso Potes –por el presunto favorecimiento a la Fundación Parquesoft en un contrato para modernizar la planta tecnológica de las Empresas Municipales– abrió el debate sobre el sistema de contratación que está implementando la entidad.
El año pasado, Emcali escogió a Parquesoft para que desarrollara una plataforma tecnológica para la empresa, a un costo de $65.806 millones.
La selección, no obstante, a pesar del monto, se hizo sin un proceso de licitación. Esto, sin embargo, no es nuevo en las Empresas Municipales, ya que otro polémico contrato, el que se ejecutó con la firma Sercali, también se realizó a dedo y a un costo de $67.000 millones.
Las preguntas que rondan, entonces, es por qué Emcali no abrió procesos de licitación para contratos de tal envergadura económica y si lo que ha hecho, hasta ahora, es legal.
El contralor de Cali, Jorge Portocarrero, recordó que desde octubre pasado, en un consejo comunitario con el presidente Álvaro Uribe, advirtió lo que venía sucediendo en Emcali.
Portocarrero precisó que si bien la Ley 689 del 2001 permite a las empresas de servicio público contratar conforme al derecho privado y definir sus propios estatutos internos de contratación, sería más transparente abrir todo el proceso de licitación reglamentario.
“Se puso en una situación muy cómoda a Emcali. Éstas tienen su estatuto interno, pero no es sano que durante la gestión de Potes se le hayan hecho cuatro reformas. Legalmente, pueden hacer los contratos que han ejecutado, pero no es un buen mensaje que no liciten obras por esa cuantía”, indicó.
El funcionario señaló que, en estos momentos, la entidad a su cargo realiza una auditoria a la ejecución del contrato. Indicó que, por lo complejo del tema, se pidió a la Contraloría de Cundinamarca enviar una comisión para que acompañe a los investigadores de Cali.
A su turno, el personero Adolfo León López conceptuó que con la intervención del Gobierno Nacional se perdió el control administrativo de la empresa y que con el estatuto interno de contratación “se concentren todos estos procesos en la figura del Gerente. Por eso, aparecen estos contratos donde el principio de selección objetiva no se ve mucho y por ende hay una especie de liberalidad del agente especial para hacer ese tipo de contrataciones”.
Señaló que cuanto antes se requiere que la empresa regrese al Municipio para poder establecer controles internos como la constitución de una junta directiva y la posibilidad de que organismos como la Personería puedan volver a investigar.
El dato clave El senador Alexánder López, ex directivo de Sintraemcali, responsabilizó de los problemas de contratación a la superservicios, Evamaría Uribe. “Ella sabía que el estatuto se había modificado en el 2004, por el propio Potes”, aseveró. | | Los concejales Milton Castrillón y Carlos Clavijo también plantearon sus dudas por la manera como Emcali está adelantando sus contratos. Señalaron que si bien la empresa está poniéndose al día en materia de reparación de redes y modernización, las contrataciones deberían tener mayor control.
“El contrato es una muestra de lo que de manera irregular se ha hecho en Emcali, con el cuento de que están intervenidos y que la Contraloría no puede ejercer control. Llegó la hora de aplicar lo que dijo el Presidente de que hay actuar con transparencia”, indicó Castrillón.
Entre tanto, una fuente de la Procuraduría Provincial indicó que el contrato con Parquesoft está siendo investigado para establecer si hubo alguna violación al Régimen Disciplinario o la Ley 734 del 2004.
no aplica. El gerente de Emcali, Carlos Alfonso Potes, explicó que el estatuto de contratación ha sufrido dos modificaciones, una en el 2004 y otra en el 2006, y que se llevaron a cabo para adecuar todas las reestructuraciones que ha tenido la entidad.
Señaló que la Ley 80, de contratación pública, no aplica para las empresas de servicios públicos y que es el Código de Comercio el que las rige.
“Sin embargo, nuestro estatuto es bastante cerrado en el proceso de adjudicación, pero al momento de ir a contratar con una empresa del estado o con una entidad sin ánimo de lucro, todos los estatutos, incluyendo la Ley 80, son abiertos a que se pueda contratar directamente y es así como se han realizado contratos interadministrativos”, subrayó Potes.
El caso
El gerente de Parquesoft, Orlando Rincón, dijo que está presto a colaborar con cualquier investigación y que no tiene nada qué ocultar.
En relación con el polémico contrato, el abogado Jaime Lombana, quien instauró una denuncia ante la Fiscalía, afirma que se contrató a dedo una fundación sin ánimo de lucro Parquesoft, gerenciada por Orlando Rincón.
Esta empresa subcontrató a la firma Swedtel que, a su vez, subcontrató a Open Systems, una empresa en la que –según Lombana— Orlando Rincón tiene claros intereses por haber sido su fundador y accionista. “Me encargué de conseguir la prueba de que el señor Rincón es dueño de un 80% del holding, en Panamá, de Open Systems”, le dijo Lombana a La W.
Rincón, rechazó las acusaciones de Lombana y dijo que a través del contrato realizado se lograron grandes economías de escala para Emcali.
Afirmó que no es accionista de Open System, ya que vendió su participación en el 2003 y el contrato con Emcali se firmó en 2005.
De todas formas, explicó que Open System fue una creación suya, actúa como su representante legal.
El contrato con Sercali, firma encargada de hacer los cortes a los morosos, también fue directo y no se hizo licitación. El mismo presidente Álvaro Uribe pidió la cancelación de este contrato, por diversas irregularidades. Sin embargo, aún sigue vigente.
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