Deterioro Vial
Demandas por huecos ahogan al Municipio
Susto. En noviembre del 2007, la llanta de esta camioneta se fue a un hueco ocasionado por el deterioro de las vías y las redes del alcantarillado del barrio Salomia.
Archivo I El País |
| La Administración tiene, desde 1993, 76 procesos por accidentes a causa del mal estado de las vías.
Le faltó muy poco para despedirse de este mundo. El pasado 10 de julio, cuando transitaba por la Avenida Simón Bolívar, José Joaquín Ágredo fue sorprendido por un hueco de más de dos metros de diámetro que en menos de un segundo se lo tragó a él y a su moto.
“Viajaba tranquilamente cuando de repente sentí el ‘glup-glup;, eran las burbujas que brotaban de un hueco y yo estaba allí hundido hasta el cogote”, explicó el motociclista, quien no sufrió más que lesiones menores. Pero su vehículo sí quedó prácticamente destruido. Por eso, no le quedó más que demandar a la Administración por daños y perjuicios.
No obstante, las pretensiones de José Joaquín para reparar su motocicleta, tendrán que esperar unos años. Las demandas contra el Municipio no son trámites fáciles ni rápidos. Desde 1993 la ciudad tiene activos 76 procesos por daños ocasionados a los ciudadanos por huecos, daños o falta de demarcación y señalización en las vías. Éstos tienen unas aspiraciones de $16.112 millones.
Según William Robledo, subdirector de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, la mitad de estos procesos están en primera instancia en juzgados administrativos y la otra mitad en apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo y otros en el Consejo de Estado.
“Estos procesos se demoran años, son complicados y tienen mucha actuación de parte de los abogados, bien sea demandantes o demandados. También dependen del caso concreto y del procedimiento que ordena la ley, donde pueden haber infinidad de recursos. Además, hay congestión en los tribunales”, explica Robledo.
El Municipio tampoco dispone de recursos para pagar las demandas. El año pasado tenía $3.000 millones para esto, pero se fueron en tres procesos que fallaron a favor de los ciudadanos. Para el próximo año, el presupuesto que necesitaría el Municipio es de $418.000 millones en caso de perder todos los procesos, pero Hacienda sólo aprobó $10.000 millones.
“La meta para el final de este Gobierno es reducir las pretensiones en un 20% y capacitar a nuestros abogados para que el Municipio tenga una buena defensa, porque como hay casos en los que el Municipio tiene culpa, en otros no. Muchos profesionales del derecho están especializados en demandar al Municipio”, dice.
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En estos momentos la Administración Municipal tiene más de 1.700 demandas activas. La mayoría son por despidos, ajustes salariales o prestacionales. | | En la Defensoría del Pueblo, regional Valle del Cauca, también hay demandas contra el Municipio por huecos en las vías y otros problemas derivados de la infraestructura vial de la ciudad.
Desde el 2007 y en lo corrido del 2008 se han interpuesto 18 acciones populares, según la entidad, “que buscan velar por la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente”.
Por falencias en las rejillas y tapas de alcantarillas figuran dos, por vías férreas uno, por señalización de vías uno, por invasión de andenes y calles tres, por reparación de vías diez y por puentes peatonales uno.
La abogada de la Defensoría, Carmen Ospina, es clara al decir que estos casos sí representan una vulneración de los derechos colectivos de la ciudadanía, por eso el organismo está en permanente vigilancia y asesoría para que los ciudadanos puedan defenderse.
Alcantarillas, otra amenaza
Por perjuicios morales Emcali tendrá que pagar tres mil gramos de oro y por perjuicios materiales $18.470.860 a Ómar Rosero Erazo, quien cayó a una alcantarilla en 1997. El Consejo de Estado dio a conocer la semana pasada este histórico fallo que reveló nuevamente el problema de las alcantarillas abiertas.
Sin embargo, Efraín Torres, del Departamento de Mantenimiento de Alcantarillado de Emcali, afirma que pese a que las demandas contra Emcali en este sentido no son muchas porque la mayoría se solucionan en los procesos de conciliación, para evitar que se interpongan demandas. Este mismo procedimiento se hace en la Alcaldía, sino los procesos desbordarían los números.
Pero revela que las alcantarillas abiertas que amenazan a los ciudadanos son obra de inescrupulosos y reducidores de cobre. Cada mes, según Torres, se cambian 150 rejillas y 40 tapas de alcantarillas. “Lo que estamos haciendo es reemplazar las tapas de cemento por fibra de vidrio, que no tienen el hierro que buscan los reducidores. Pero no se hace en toda la ciudad porque resulta muy costoso. Cada una vale $250.000 en comparación con las otras que valen $70.000”, recalcó.
Los sitios más críticos de robos de tapas del alcantarillado están en Santa Librada, en la Calle 26 con Carrera 15 y sobre las calles 25 y 26. Otro problema, agrega Torres, es que cuando se dejan alcantarillas abiertas por obras de mantenimiento, se roban las señales y cintas de prevención. “¿Así, quién no se va a un hueco?”, puntualiza.
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Entrevista
