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Valle
Garzón responde por la vía Cali-Candelaria

Redacción de El País

Respuesta. El ex gobernador del Valle Angelino Garzón aseguró que está tranquilo y dispuesto a poner la cara.
Archivo / El País
El ex gobernador del Valle dice que el Departamento no adeuda nada.

El gobernador del Valle hasta diciembre pasado, Angelino Garzón, explicó ayer las razones por las cuales su administración no canceló la deuda surgida por la construcción de la vía Cali-Candelaria, que hoy, además de generar una aguda polémica, tiene en emergencia financiera al Departamento.

La gravedad del hecho radica en que la firma OPA (que adquirió la deuda de Cisa, empresa encargada de construir la obra) está reclamando un total de $44.104 millones, deuda que crece a razón de $500 millones por mes.

Sin embargo, en diálogo con El País, el ex gobernador Garzón aseguró que esos $44.104 millones no son una deuda del Departamento con el concesionario, sino una pretensión de un grupo privado.

“Mi principal argumento es que la sentencia se pagó, incluso a pesar de que esa vía nunca se terminó de construir”, sostuvo Garzón.

El ex funcionario dijo que durante la pasada administración se cancelaron $15.400 millones por capital, $5.300 millones por intereses y $600 millones por concepto de honorarios. Según su interpretación, esos dineros cubren el total del monto con que fue castigado el Valle en un concepto del Consejo de Estado.

No obstante, otros analistas ven las cosas de otra forma. Por ejemplo, el ex magistrado José Gregorio Hernández interpreta que quedaron pendientes de pago $23.530 millones de intereses moratorios, cifra que con el paso del tiempo se ha incrementado hasta los actuales $44.104 millones.

Así mismo, Santiago Pardo, representante de la firma OPA, sostiene que “el argumento de Garzón es equivocado y fruto del temor por el juicio fiscal que la Contraloría ya inició en su contra”.

Pardo citó el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, según el cual “las cantidades líquidas que se reconocen en tales sentencias devengarán intereses comerciales moratorios”, y explicó que esto implica que “cualquier sentencia que se aplique a una entidad pública genera intereses moratorios si no se paga a tiempo”.

En el caso de la vía Cali-Candelaria, el laudo arbitral data del año 2003, pero la administración Garzón canceló a finales del año pasado. Ese lapso fue el que habría generado el incremento de la deuda.

Responsabilidad de Abadía.

El ex magistrado Hernández también ha dicho que si el actual gobernador, Juan Carlos Abadía, persistiera en no pagar la deuda, deberá asumir junto con Garzón la responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados al Departamento. También señaló que si Abadía cancela la deuda, está obligado a ejercer la acción de repetición contra su antecesor en un plazo de seis meses, a partir de la fecha del pago. De no hacerlo, se arriesgaría a ser destituido.

Pero ante esa posibilidad, Garzón insiste en que Abadía no puede conciliar con la firma OPA porque ésta no tiene derecho a intereses moratorios.

“La sentencia de la Corte Constitucional y del Tribunal de Arbitramiento fue clara: páguese por capital $15.400 millones y por una sola vez $5.300 millones por intereses y honorarios. Ellos nunca pidieron aclaración y nosotros hicimos una ruta jurídica que en mayo de 2005 nos dio la razón. Incluso me pareció oportuno pedir a la Procuraduría y a la Contraloría que verificaran lo que estábamos adelantando”, señaló Garzón.

El ex gobernador del Valle sostuvo que el 13 de diciembre del 2007 participó en una reunión junto con Santiago Pardo, representante de OPA; Hernán Ulloa, abogado de la Gobernación y encargado del caso, y el director de Cisa, Álvaro José Cobo Soto. “El propio director de Cisa nunca pidió una aclaración”, afirmó Angelino Garzón.

El ex gobernador pidió además a la Asamblea del Valle y a los entes jurídicos y personas interesadas que convoquen a un foro público para que se debata el asunto y aseguró que pondrá la cara.

Antedecentes

En diciembre del 2007 el Departamento del Valle le pagó $20.574 millones al consorcio Opa (antes Cisa) por el caso de la adecuación de la carretera Cali–Candelaria.

La cifra fijada en el fallo emitido por el Tribunal de Arbitramento en el 2003 era de $20.442 millones. La administración Garzón considera, por eso, que la deuda está saldada. La firma Opa cree que hace falta pagar intereses moratorios, que siguen corriendo.

La cifra inicial de esos supuestos intereses sería de algo más de $20.000 millones (que se habrían acumulado hasta el momento de ser emitido el laudo, en 2003). Luego habría ocurrido un incremento, correspondiente al lapso en que el gobernador Angelino Garzón buscó por medios legales evitar que el Departamento pagara por una obra que, según dice, “no fue ejecutada”.

OPA dice que su reclamación tiene sustento legal, pero el director Jurídico de la Gobernación, Raymundo Tello, considera que el saldo reclamado es exagerado.

“No puede generarse esa desproporción desde el 2003, cuando se produjo el laudo por parte del Tribunal de Arbitramento. No es lógico que se haya más que duplicado el valor del capital”, dijo.

El conflicto por la vía comenzó un año después de suspendidas las obras (lo que se hizo en 1999).

Cisa acudió a un Tribunal de Arbitramento para que se le pagará lo construido y los daños causados. Tras el fallo de ese tribunal, el Valle acudió a una acción de tutela que llegó hasta la Corte Constitucional, tribunal que ordenó hacer el pago.

La razón

Según Angelino Garzón, él heredó el problema, lo enfrentó y fue hasta las últimas consecuencias y “como se perdió, pagamos lo que fue ordenado por el Tribunal de Arbitramento. Fue todo el dinero correspondiente a capital e intereses”.

De acuerdo con Hernán Ulloa abogado de la Gobernación para el caso, la razón por las que la administración de Garzón sólo canceló cerca de $20.574 millones en diciembre del 2007 es que los Laudos Arbitrales establecieron ese valor y proceder de manera diferente sería ir más allá de la ley.

“En consecuencia, el Departamento del Valle no puede llegar a una conciliación, porque estaría pagando una suma no debida, ya que no existe la obligación en el Laudo Arbitral que dirimió el conflicto”.

El dato

En diciembre del año 2004, la firma OPA compró las acciones del consorcio Cisa, la empresa que tenía a su cargo adelantar los trabajos de la vía Cali- Candelaria.




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