Violencia en el Cauca

Las comunidades indígenas del Cauca tienen derecho a reclamar el cumplimiento de compromisos adquiridos por los sucesivos gobiernos nacionales. Pero ese reclamo deben hacerlo en los límites legales y sin desconocer los derechos de los demás colombianos. La toma de la hacienda García Arriba, la quema de sus cultivos y la agresión a su propietario son atropellos inaceptables que se enmarcan en los preceptos de la Justicia Penal y no tienen justificación alguna. Los dirigentes de la asonada cometida en Corinto deben asumir sus responsabilidades sobre hechos que, además de desconocer los derechos adquiridos con justo título, le causan daño a las reivindicaciones de las comunidades que dicen representar. Y el Estado debe actuar para impedir que las vías de hecho y la violación de la ley se impongan en el norte del Cauca.