Todas tienen derecho

Las colombianas que recibieron implantes mamarios de la marca francesa PIP, no tienen por qué continuar sufriendo por las incoherencias del Gobierno Nacional sobre las cirugías de retiro de las prótesis.Son suficientes los daños físicos y sicológicos que se les han causado, como para que ahora se niegue el procedimiento a quienes no están afiliadas al régimen de salud contributivo o subsidiado, como ha sucedido en el Hospital Universitario del Valle, única entidad autorizada para realizar estas cirugías en la ciudad.O para que tengan que quedar con sus cuerpos mutilados porque nadie responde por los tratamientos de reconstrucción a los que tendrían derecho. Los daños a esas mujeres fueron ocasionados porque se permitió el ingreso y uso en el país de tales implantes, cuya peligrosidad ha sido demostrada.Por eso, el Estado debe responderles a todas ellas y asegurarse de que no sufran más ni por su salud física ni por su equilibrio emocional.