Si la sal se corrompe...

Los abusos a los derechos humanos que se presentan en las cárceles son la peor muestra de la decadencia que destruyó el sistema de Justicia en Colombia.Como si los reclusos no debieran ya soportar los problemas de hacinamiento -en la mayoría de los casos es superior al 300%-, la ineficiencia en los servicios de salud y la violencia en el interior de los centros penitenciarios, ahora son sometidos a la extorsión aplicada por grupos de guardias del Inpec.Es el aberrante caso descubierto en la cárcel La Modelo de Bogotá, donde una banda conformada por un capitán, un teniente y dos dragoneantes, se dedicaba desde hace dos años a intimidar a los detenidos y sus familias.De acuerdo a su capacidad económica, les exigían pagos semanales de entre 2 y 30 millones de pesos a cambio de no trasladarlos a patios peligrosos de la cárcel o no inventar falsas anotaciones en su contra. Así, quienes como autoridad son los primeros llamados a participar en la rehabilitación de los reclusos, acaban convirtiéndose en otra organización criminal al interior de las cárceles que le pone un precio a los derechos de esos colombianos.Es el estado lamentable al que ha llegado la crisis en la administración de justicia en el país, que transforma a quienes han cometido delitos o son acusados por ellos en víctimas de un sistema que ignora su condición humana y sus derechos como ciudadanos.¿Hasta cuándo?