¿Qué hacer?

El problema de corrupción en la Justicia colombiana es crítico.

El ejemplo más reciente es la manipulación de una demanda judicial interpuesta para evitar que se le otorgara a una empresa la comercialización en el país de los vehículos Hyundai, luego de que la casa matriz coreana decidiera terminar el contrato que había mantenido por 23 años.

Ahora se sabe que el proceso de fraude habría comenzado cinco meses antes de radicar la demanda.

Según la Fiscalía, los implicados primero ubicaron al juez que se prestaría para fallar a favor de sus intereses y le pagaron una suma multimillonaria; luego se alteraron los sistemas para que al momento de radicar la demanda automáticamente se le asignara a su juzgado; el resto fue puro trámite y la decisión judicial pactada le significó al demandante obtener US$35 millones de indemnización.

Por el caso hoy hay ocho personas detenidas y una orden internacional de captura contra el empresario beneficiado con la decisión amañada del juez.

Casos como este, que son los que diezman a diario la confianza y la credibilidad en la Justicia colombiana, no se acaban expidiendo nuevas leyes anticorrupción.

Para evitar que se sigan comprando los fallos y vendiendo las conciencias, lo que hay que cambiar es la actitud dentro de los funcionarios judiciales.

La corrupción en esa rama del poder público es un problema estructural y para que se resuelva es necesario enseñarles de nuevo ética y honestidad a quienes tienen el deber de impartir Justicia en Colombia.