Promesa incumplida

A pesar de que han transcurrido dos meses desde que el Gobierno anunció que asumiría el retiro de las prótesis PIP a las mujeres damificadas por ellas, en Cali no se cumple esa promesa.El problema que desde un principio se catalogó como de salud pública no está siendo manejado con la rapidez que requiere. Y lo más grave es que luego de ser remitidas por las EPS al HUV, donde les dicen que no pueden ser atendidas porque apenas se está estableciendo el protocolo del procedimiento, también les están exigiendo resonancias magnéticas y ecografías que el sistema de salud no cubre y que cuestan hasta $900.000. Para reparar a las mujeres damnificadas por los implantes no basta con que el Estado declare su intención de apoyarlas en las dificultades que enfrentan. Las víctimas merecen que se les cumpla con las promesas que les hicieron y les reparen pronto los daños causados.