No se pudo

El sistema judicial colombiano puede entrar desde hoy en un colapso peor al que padece desde años atrás.

Los tiempos se cumplieron el viernes pasado y entró en vigencia la Ley 1786 de 2016, que a su vez modificó y amplió por un año otra expedida en julio del 2015, la cual abre las puertas para que aquellos presos a los que no se les ha definido su situación jurídica un año después de comenzar sus procesos, pidan la libertad.

Ni las advertencias que durante meses hizo el Fiscal General de la Nación ni los llamados de atención a la rama Judicial para que subsanara los problemas, evitaron que el día llegara.

EL resultado es que a partir de este martes se calcula que 12.000 detenidos, algunos de los cuales llevan hasta nueve años esperando que se resuelvan sus casos, pedirán su salida de las cárceles.

De esa forma fracasó la ley con la que se pretendió que la Justicia se pusiera al día, como si sólo se necesitara expedir una orden para resolver los más de cien mil procesos que se encuentran represados.

O si la intención era aliviar así el hacinamiento carcelario, que en casos como el de Cali supera el 200%, habría que recordarle al Gobierno que no es con excarcelaciones masivas sino con reformas de fondo como se resuelve el grave problema penitenciario que padece Colombia.

Cuando lo que se impone son la morosidad de la Justicia y las medidas de emergencia que apuntan al fracaso, es cuando se comprende por qué la impunidad es la que gana en el país.