Intervención obligada

Con la intervención de la Universidad San Martín el Ministerio de Educación busca resolver la crisis que afecta a la institución y proteger los derechos de sus estudiantes.La pregunta es por qué el Gobierno se demoró tanto tiempo en tomar la decisión si conocía de tiempo atrás las irregularidades que se estaban presentando.La Universidad fue sancionada ocho veces por malos manejos administrativos, por desviar recursos hacia fines distintos a su misión educativa, ofrecer programas académicos sin estar certificados e incumplir el pago de docentes y trabajadores, entre otras faltas.Ahora, además de administrar al fiducia en la que se depositarán los dineros de las matrículas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras, se les debe garantizar a sus 20.156 estudiantes la continuidad de los programas académicos y la culminación de sus carreras.