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Estado de derecho

Sin duda las cifras reveladas por la Contraloría General de la República sobre el monto al que se elevan las demandas contra el Estado son descomunales.

25 de agosto de 2017 Por: Editorial .

Sin duda las cifras reveladas por la Contraloría General de la República sobre el monto al que se elevan las demandas contra el Estado son descomunales.

Según un informe del ente de control fiscal, esas pretensiones superaban los $5340 billones con corte al mes de diciembre del 2016.

Demandas que en su gran mayoría obedecen a reclamaciones por supuestos derechos que habrían vulnerado organismos estatales en aspectos sociales, de defensa, seguridad o justicia.

Sin embargo, este tipo de interpelaciones, en apariencia escandalosas, son propias de los países en los que impera el Estado Social de Derecho.

Es ni más ni menos que la garantía que tiene todo ciudadano de reclamar lo que considere justo ante las instancias legales.

Lo grave sería que el Estado colombiano no tuviera la capacidad de respuesta para hacerles frente a cada una de estas demandas.

Y que pretensiones irracionales o no ajustadas a las normas que pondrían en riesgo al Estado lograran su propósito por la ineptitud de los empleados públicos.

O por la actuación de funcionarios venales que anteponen sus intereses a los de la Nación.

Peor aún, que los organismos encargado de impartir justicia no operen con la transparencia y la eficacia que esperan los colombianos para la defensa de las arcas públicas.

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