Ellos también son ciudadanos

Hacinados, sin contar con los servicios esenciales y sin la debida atención en salud, así pagan sus condenas los presos en el Valle del Cauca.Bajo esas condiciones es imposible pensar en que el Estado cumpla con su labor de resocializar a quienes han cometido delitos, para que cuando salgan puedan emprender una vida diferente.La inquietud por esas condiciones infrahumanas se las han transmitido los directores de las cárceles del Valle y las autoridades departamentales al Inpec y al Gobierno Nacional.Pero las soluciones definitivas siguen estancadas por cuenta del centralismo que demora las decisiones, desconoce las necesidades de las regiones en materia penitenciaria y lleva a que la crisis en las cárceles se agrave.Quienes han sido condenados por algún delito son ante todo ciudadanos y seres humanos con derechos, y la obligación del Estado tal como se lo ordena la Constitución, es velar por que les sean respetados.Y eso no se está cumpliendo en los lugares de reclusión del Valle, donde el hacinamiento llega al 240% y no se les garantiza a los presos la atención oportuna en salud. Esa es la preocupación que ha llevado al Departamento a crear una comisión especial que vele porque la Nación cumpla con su deber, una presión que se hace necesaria para garantizar a los reclusos sus derechos a vivir con dignidad y a su rehabilitación.