Derecho a la educación

Marzo 07, 2015 - 12:00 a.m. Por: Anónimo .

La crisis administrativa que afecta a la Universidad San Martín tiene dos aspectos fundamentales. El primero, que el Estado está en la obligación de sancionar a quienes sin tener la más mínima consideración de ofrecer una buena educación hicieron de ella su negocio personal. Por eso, los directivos involucrados en las irregularidades del centro educativo, deben responder por los delitos de concierto para delinquir, estafa, enriquecimiento ilícito y fraude a resolución judicial que les imputó la Fiscalía General de la Nación. El segundo es que el Estado tiene que resolverles la situación académica a los 20.156 estudiantes que de buena fe se vincularon y pagaron sus matrículas en la Universidad San Martín. Es a ellos a quienes se les debe garantizar que la intervención del Ministerio de Educación no liquidará la institución sino que la hará viable para ofrecerles una educación de calidad.

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