A aplicar la ley

Las normas sobre lo que pueden o no cobrar los colegios privados en Colombia están claras.

Igual sucede con las medidas que deben tomar las secretarías de Educación para controlar que todas las instituciones educativas respeten la ley.

No es un secreto que en Cali algunos de esos establecimientos han disfrazado el cobro de cuotas millonarias para aceptar el ingreso de nuevos alumnos, piden bonos extras, incluyen elementos de aseo en sus listas de útiles o venden de forma exclusiva uniformes y libros, todo lo cual está prohibido.

Ejercer la autoridad para que esos abusos no sucedan, es la labor que le corresponde a la Secretaría de Educación Municipal.

Si bien el apoyo de los padres de familia es importante para evitar que tales arbitrariedades se presenten, no se se debe esperar a que ellos denuncien ni a que por algún medio se revele lo ocurrido para comenzar la investigación pertinente.

Ya existen los mecanismos y deben aplicarse para que no se repitan año tras año las mismas quejas por las infracciones a las normas.

No por ser entidades de carácter privado, los colegios pueden olvidar que su labor es la de educar y no la de convertirse en meros negocios lucrativos.

Y el deber de los municipios es velar para que se respeten los derechos que por ley asisten a los estudiantes así como a los padres de familia.