Verdad, Justicia y Reparación

"...Todo ese propósito nace de la necesidad de conocer la verdad para poder lograr los principios de justicia y reparación, presupuestos ineludibles si se quiere lograr la pacificación de los espíritus y la convivencia de los ciudadanos, victimarios y víctimas que con razones y argumentos reclaman del Estado una postura y un camino para resolver su situación...".

¿Cómo lograr que Colombia reciba al fin los beneficios que se esperan de sus esfuerzos por encontrar en los instrumentos legales el fin de la violencia? La respuesta está en hacer esfuerzos para que los organismos del Estado trabajen hacia el mismo lado y en profundizar decisiones que, si bien causan controversia, son decisivas en el camino de lograr la convivencia que pacifique al país.Convocado por la Comisión de Paz del Concejo, las embajadas de España, Francia y Suiza, la Misión de Apoyo de la Organización de Estados Americanos, entre otras instituciones, ayer sesionó en Bogotá el foro “Legislar por la paz”. Fue una gran oportunidad para reflexionar acerca de lo que se ha logrado desde el momento en el que se empezó a tratar de aplicar la justicia transicional en el marco de la ley, de la obligación del Estado de castigar a los autores de la violencia y de resarcir a sus víctimas. Todo ese propósito nace de la necesidad de conocer la verdad para poder lograr los principios de justicia y reparación, presupuestos ineludibles si se quiere lograr la pacificación de los espíritus y la convivencia de los ciudadanos, victimarios y víctimas que con razones y argumentos reclaman del Estado una postura y un camino para resolver su situación. Es, en otros términos, el espíritu que animó la aprobación de la Ley 907 del 2005, conocida como de Justicia y Paz. Ahora se trata de evaluar sus resultados, poco halagadores si se mira desde la perspectiva citada por el presidente Juan Manuel Santos, de la total ausencia de decisiones judiciales, pese a haber transcurrido ya seis años desde su aprobación. Y deficientes, si se atiende el comentario del juez español Baltazar Garzón sobre la falta de respuestas para las víctimas de un conflicto eterno y destructor como el que ha vivido nuestro país durante casi un siglo. Las respuestas a la crítica del jurista, ahora vinculado con la OEA en el apoyo a la búsqueda de paz en Colombia, son las leyes de víctimas y de tierras, que tramita el Congreso. Queda por saber si el Estado puede asumir obligaciones que superan los 40 billones de pesos y si existe disposición para adecuar los organismos judiciales a la aplicación de una justicia que antes que castigar a los culpables busca soluciones para la sociedad, sin desconocer su obligación de encontrar la verdad. Y lo más importante: si tienen éxito los esfuerzos por desarmar los espíritus, requisito para aplicar la justicia transicional. Por supuesto, hay quienes se niegan a aceptarla, insistiendo en posiciones radicales que pretenden descalificar el esfuerzo. A ellos se les debe explicar que aplicar esa justicia parte de la intención de ponerle fin a la violencia en Colombia. Que la Nación le dio un voto de confianza al ex presidente Álvaro Uribe cuando aprobó la Ley de Justicia y Paz y ahora confía en que el propósito del presidente Juan Manuel Santos por acelerar su aplicación y por aprobar la ley de víctimas nos lleven a encontrar la paz, la justicia y la reparación que requiere nuestro país.