¿Verdad, justicia y reparación?

Enero 29, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Los temores sobre la libertad de los paramilitares que se acogieron a la ley de Justicia y Paz son justificados. Por supuesto, el Estado debe cumplir su compromiso de aplicar la justicia transaccional, así sus instituciones hayan sido desbordadas por el problema. La pregunta es si las autoridades pueden asegurar que quienes salgan de las cárceles no reincidirán en el crimen y la delincuencia.Y si los beneficiarios han cumplido el compromiso de reparar a sus víctimas, entregando las miles de propiedades que adquirieron de manera ilegal."

En cumplimiento de la ley de Justicia y Paz, en los próximos meses deberá producirse el regreso a la libertad de dos centenares de personas acusadas de cometer crímenes de todo género en los grupos paramilitares. La pregunta es si las autoridades y el país están preparados para evitar que quienes formaron parte de una de las peores formas de violencia organizada en la historia de Colombia se conviertan de nuevo en amenaza para la Nación. Lo primero que salta a la vista cuando se habla de la ley citada es su origen. Ella fue producto de la necesidad de establecer un camino para desarmar el ejército ilegal que bajo el nombre de autodefensas y pretextando la debilidad del Estado y la urgencia de combatir a la guerrilla, agrupó muchas formas de delincuencia, produjo miles de crímenes de lesa humanidad y generó el desplazamiento de centenares de miles de campesinos. En ese propósito, y sin recurrir a un acuerdo de paz formal, el Estado creó una excepción a la Justicia, para dar paso a la desmovilización. Fue la aplicación de la justicia transaccional que busca defender los objetivos de verdad, justicia y reparación a las víctimas por parte de quienes se acogieran a ella. Una decisión política que si bien es polémica por los beneficios que ofrece a quienes han cometido crímenes atroces, también es un mecanismo doloroso pero eficaz para alcanzar el objetivo supremo de la paz. Muchas fueron las críticas que se produjeron a partir del 2005 cuando se expidió la ley 975 que consagró la excepción, casi todas referidas a la impunidad que acarrearía y las dificultades que tendría su aplicación. Incluso, en el 2008 debió expedirse una nueva norma que resolviera el más grave de los problemas: la capacidad de la Justicia para cumplir el papel que le correspondía frente a uno de los fenómenos de violencia que más daño le ha causado a la Nación. Casi nueve años después de su aprobación, el problema es más que evidente. Hoy sólo existen 14 sentencias mientras miles de hechos hacen cola en los juzgados y fiscalías especializadas, a la espera de que se procesen, se conozca la verdad, se haga justicia y se repare a las víctimas. Entre tanto cerca de trescientos de los más connotados jefes del paramilitarismo empezarán a ser liberados por pena cumplida y sin que hayan sido juzgados o condenados. Así, los temores sobre la libertad de los paramilitares que se acogieron a la ley de Justicia y Paz son justificados. Por supuesto, el Estado debe cumplir su compromiso de aplicar la justicia transaccional, así sus instituciones hayan sido desbordadas por el problema. La pregunta es si las autoridades pueden asegurar que quienes salgan de las cárceles no reincidirán en el crimen y la delincuencia.Y si los beneficiarios han cumplido el compromiso de reparar a sus víctimas, entregando las miles de propiedades que adquirieron de manera ilegal. Esa es la gran preocupación. Y que no se olvide que en La Habana se está negociando con las Farc, de lo cual puede salir otra excepción a la legalidad donde no se puede producir la impunidad y el silencio que temen los colombianos.

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