Unidos contra la arbitrariedad

Diciembre 02, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"El asunto no es desconocer un fallo porque no favorece a Colombia, sino rechazar algunos de sus apartes porque, además de ignorar el derecho internacional, pasan por encima de conceptos de soberanía suficientemente definidos en el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 y en el ejercicio permanente de soberanía que durante más de cien años han realizado los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia".

Después del amargo sabor que a los colombianos les ha dejado el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, CIJ, ya se van conociendo las acciones que está iniciando el Gobierno Nacional para enfrentar las consecuencias. Sin caer en nacionalismos extremos, los anuncios indican que el país debe estar preparado para respaldar las decisiones que tomen nuestras autoridades. El asunto no es desconocer un fallo porque no favorece a Colombia, sino rechazar algunos de sus apartes porque, además de ignorar el derecho internacional, pasan por encima de conceptos de soberanía suficientemente definidos en el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 y en el ejercicio permanente de soberanía que durante más de cien años han realizado los habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia. Esas realidades y derechos adquiridos con justo título fueron por lo menos ignoradas por la Corte de la Haya. Para sus integrantes no pareció ser de importancia el impacto que su decisión tendría en los derechos de una comunidad que ha expresado su deseo de ser ciudadanos colombianos durante más de un siglo. Sus integrantes han ejercido la posesión tranquila y sin interrupciones de las aguas territoriales de las que obtienen su sustento y de las cuales son ahora despojados. Además, al separar los cayos de Quitasueño y Serrana, y de convertirlos en enclaves aislados en aguas que dejarían de pertenecer a Colombia, fraccionaron de manera por lo menos absurda el territorio nacional, reconocido por todos los países del área, con excepción de Nicaragua. Tales consideraciones han llevado al presidente Juan Manuel Santos a anunciar el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá firmado en 1948, en el cual se comprometió a resolver sus diferencias con otros países mediante la CIJ. Es la manera de rechazar el procedimiento que aplicaron los miembros del tribunal para solucionar el diferendo con Nicaragua, con el cual desconocieron límites definidos mediante tratados y normas internacionales e ignoraron derechos adquiridos por las comunidades que habitan en la zona. Y de prevenir que los apetitos del régimen nicaragüense pongan de nuevo en riesgo nuestra soberanía sobre San Andrés y Providencia. La otra decisión del presidente Santos es condicionar la aplicación del fallo hasta tanto se garanticen los derechos de los colombianos que resultaron lesionados por la sentencia de la CIJ. Y presentar su protesta ante la ONU y la OEA, en las cuales explicará las razones jurídicas que le asisten para rechazar los apartes de la sentencia que desconocen el derecho internacional y afectan a los habitantes de San Andrés y Providencia. Esas acciones deben ser respaldadas por toda la Nación. En vez de enfrascarnos en debates sobre quién se equivocó al confiar en un tribunal que se estimaba justo, o de explotar su errado fallo con intenciones políticas como las que pretenden algunos dirigentes del Polo Democrático Alternativo, Colombia debe unirse y respaldar a sus gobernantes en el rechazo a las arbitrariedades cometidas por los jueces de la CIJ. Es lo que debe hacer un país que ha sido asaltado en su buena fe.

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