Una crisis interminable

Una crisis interminable

Marzo 14, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Con independencia de la disputa que ha aparecido entre la Contraloría y la Superintendencia, lo cierto es que el Estado tendrá que desembolsar cuantiosos recursos para garantizar el servicio a más de cuatro millones de afiliados a Saludcoop, lo que en la práctica equivale a asumir el descalabro causado por los directivos acusados de innumerables delitos. Lo cual redundará en el agravamiento de la crisis en un sistema de salud que no parece encontrar soluciones".

La intervención de la entidad que maneja las clínicas de Saludcoop vuelve a poner de presente la crisis que atraviesa la salud en Colombia y la inquietud por la forma en que ésta se administra. Qué está haciendo el Estado para evitar un colapso, es la gran pregunta de los cuarenta millones de afiliados a un sistema que hace agua, y en el cual la actuación indelicada de algunos de sus componentes desvió una buena cantidad de preciosos y escasos recursos públicos.La historia de Saludcoop es quizás la mejor demostración de esa crisis. Siendo la más grande organización privada del sector, también tiene el primer lugar en desviación de fondos que deberían ser destinados a la atención de sus afiliados. Por lo menos así lo ha mostrado la Contraloría General de la República en los procesos que ha abierto contra sus directivos y propietario. Escudados detrás de la máscara de cooperativas, éstos armaron un entramado en el cual se diluyeron las responsabilidades y se desviaron $1,4 billones.Y todo ocurrió en las narices de las entidades, superintendencias y ministerios encargados de vigilar la actividad de la entidad privada que más recursos públicos ha recibido de la salud. Ya se sabe que esos dineros terminaron invertidos en el exterior, o desviados hacia la financiación de clubes de golf, edificaciones e innumerables actividades ajenas al servicio. Lo último que se conoció fue la forma en la cual, y ante la inminente intervención de la Entidad Prestadora de Salud, los detentadores del poder separaron a las clínicas y centros de salud del manejo de la entidad intervenida, para mantener el control sobre su propiedad y sus ingresos.Hace poco, la Contraloría actuó contra las 152 clínicas que fueron objeto de la maroma, y pidió su liquidación, argumentando que fueron construidas con el desvío de recursos oficiales. Además demostró que habían llegado a un grado de iliquidez y desgreño tal, que ponían en riesgo la atención a sus millones de afiliados. Todo lo cual llevó a que la Superintendencia de Salud anunciara su intervención, para evitar el daño que de hecho ya existe. Ahora, y mientras la Contraloría lanza voces de alarma porque tal procedimiento detendrá la liquidación y beneficiará a los autores del descalabro de la EPS Saludcoop, la Superintendencia niega tales riesgos y afirma que su intención es proteger a los afiliados. Con independencia de la disputa que ha aparecido entre la Contraloría y la Superintendencia, lo cierto es que el Estado tendrá que desembolsar cuantiosos recursos para garantizar el servicio a más de cuatro millones de afiliados, lo que en la práctica equivale a asumir el descalabro causado por los directivos acusados de innumerables delitos. Lo cual redundará en el agravamiento de la crisis en un sistema de salud que no parece encontrar soluciones. Y mientras eso ocurre, nada se sabe de la reforma que propuso el Ministro de Salud, o de la posibilidad de aplicar correctivos para detener la bola de nieve que crece a costa del erario, mientras los usuarios sienten en carne propia los estragos de un sistema colapsado.

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