Una crisis crónica

"Como ocurrió hace poco con la posibilidad de un racionamiento y la especulación con el precio de la energía, la situación de Electricaribe desnuda una vez más la fragilidad del sistema"

De no ser por la intervención del Gobierno Nacional para evitarlo por ahora, siete departamentos de la Costa Atlántica más decenas de municipios, empresas y entidades en el interior del país tendrían que adoptar medidas para enfrentar el racionamiento de energía, producto del incumplimiento de Electricaribe.La crisis de ahora la desencadenó la publicación de avisos que ordena la ley, notificando a los usuarios cortes de tres horas diarias al principio. Ya podrá imaginarse el catastrófico efecto que producirá en una de las regiones más importantes de Colombia. Por ello, el Gobierno salió al quite, afirmando que garantizará el suministro del fluido eléctrico.¿De qué manera? Como dijo el Ministro de Minas y Energía, el Gobierno tiene los instrumentos, la voluntad y los recursos para evitar el apagón. Pero esas medidas no resuelven el problema que viene de diez años atrás. Se sabe que la decisión oficial es no pagar las deudas que Electricaribe tiene con XM, la empresa a la cual le deben más de $150.000 millones, de los cuales $ 23.000 millones se vencen hoy. Pero tampoco se sabe quién se hará cargo de ese compromiso o cómo será pagado para evitar su repercusión en el costo de la energía para el resto de Colombia.La ley 142 de 1994 creó la Superintendencia de Servicios Públicos para defender al consumidor e impedir su colapso cuando se origina en problemas de las empresas prestadoras. En este caso, Electricaribe es una entidad privada que presta servicios públicos, y como tal está expuesta a la intervención, parecida a la que padeció Emcali durante 13 años.Sólo que su propietario es una multinacional española que se escuda en incumplimientos valorados en más de tres billones de pesos, $600.000 millones de los cuales dice corresponder a subsidios del Gobierno. El resto, aproximadamente $2,3 billones, se refieren a deudas no pagadas por los usuarios y al robo descarado de la energía, patrocinado por no pocos jefes políticos. En esos términos, es enorme el riesgo de una demanda que algunos calculan en más de cuatro billones de pesos.Por esa deuda, la empresa Gas Natural Fenosa, propietaria de Electricaribe, se niega a pagar las deudas acumuladas y a invertir los $1,1 billones que se comprometió hace 10 años para mejorar el servicio, cambiar las redes y evitar los apagones frecuentes que han sido usados como justificación para su insolvencia. Es decir, no hay solución de fondo y lo que sí parece convertirse en un hecho es la posibilidad de un pleito jurídico que no resolverá la crisis de energía en los siete departamentos de la Costa Atlántica.Como ocurrió hace poco con la posibilidad de un racionamiento y la especulación con el precio de la energía, la situación de Electricaribe desnuda una vez más la fragilidad del sistema, no por falta de energía sino por la debilidad institucional para ejercer el deber de asegurar que los prestadores de servicios cumplan con sus obligaciones. Y por la permisividad con el robo del fluido eléctrico, respaldado por dirigentes que lo apoyan en detrimento de los usuarios cumplidos con su pago.