Un negocio ilegal

Marzo 27, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Durante los siete años que tiene de vigencia el negocio de SiCali, nunca se cumplió el aumento de ingresos que se esperaba y se ofrecía cuando el exalcalde Salcedo firmó el compromiso. Y a cambio, Cali ha debido cancelar más de noventa y cuatro mil millones de pesos. Como resultado, la ciudad que fuera la segunda en materia de recaudo de impuestos municipales en Colombia hoy es la sexta..."

La Contraloría General de la República recomendó de nuevo a las autoridades municipales que procedan a terminar el contrato que en el 2005 se firmó de manera poco clara con una empresa para la administración y el recaudo de los impuestos de Cali. Ahora es de esperar que el gobierno del doctor Rodrigo Guerrero logre liberar a la ciudad de uno de los peores compromisos y el gran obstáculo para generarle ingresos a la capital vallecaucana. Nos referimos al negocio realizado por el exalcalde Apolinar Salcedo con una firma llamada SiCali, que produjo su destitución un año después por las irregularidades cometidas en su perfeccionamiento. Ahora, la Contralora Delegada para la Gestión Pública le ha escrito una carta al alcalde Guerrero pidiéndole que aplique el artículo uno de la ley 1386 de 2010 y que haga lo necesario para dar por terminado ese contrato. Es importante anotar que una carta idéntica fue enviada el año pasado al exalcalde Jorge Iván Ospina, sin que haya sido contestada, o se hayan producido actuaciones que dieran cumplimiento a la ley citada.A lo largo de la carta queda suficientemente claro que se celebró un convenio con objeto ilícito, como quiera que los funcionarios no pueden delegar ni los particulares ejercer atribuciones como el cobro y administración de impuestos, y mucho menos la aplicación de cobros coactivos o persuasivos. Como tampoco pueden los gobernantes contratar con particulares la realización de labores que, como la fiscalización y la liquidación de impuestos, corresponde exclusivamente al Estado. Además, la nota llama la atención sobre hechos que, como el monto de $100 millones establecido en el contrato, no se ajustan a la verdad. Pero ese no es el único argumento. Durante los siete años que tiene de vigencia el negocio de SiCali, nunca se cumplió el aumento de ingresos que se esperaba y se ofrecía cuando el exalcalde Salcedo firmó el compromiso. Y a cambio, Cali ha debido cancelar más de noventa y cuatro mil millones de pesos. Como resultado, la ciudad que fuera la segunda en materia de recaudo de impuestos municipales en Colombia hoy es la sexta, por debajo de Barranquilla, cuya población es la mitad de la sultana del Valle. El contrato fue demandado en el 2006, produciéndose dos años después una sentencia del Tribunal Contencioso del Valle que lo declaró nulo. Ahora, cuatro años después, está pendiente aún el dictamen del Consejo de Estado sobre la medida del Tribunal. Entendiendo la congestión que presenta el Concejo, también es necesario pedirle que acelere su decisión para evitarle males y perjuicios mayores a nuestra ciudad, causados por un negocio que nunca debió celebrarse. Pero mientras eso sucede, la Administración Municipal tiene en sus manos una herramienta valiosa, la carta de la Contraloría, para terminar el contrato como lo hicieron Barranquilla y más recientemente Santa Marta. Sería un acto con el cual rescatará unos derechos que nunca debieron ser entregados a un particular, y con lo cual se le causó el peor de los daños a la credibilidad de las instituciones de Gobierno de Cali.

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