Un mal negocio

Pero el problema no se reduce solo a las ambulancias. Parte de la responsabilidad de esos paseos de la muerte corre por cuenta de clínicas que han privilegiado el negocio sobre la atención humanitaria y con esa visión han fomentado un servicio despreciable y sin escrúpulos que ha cobrado la vida de muchas personas. Gente que demandaban atención urgente y fallecieron en largos recorridos cuando tenían una clínica a dos o tres cuadras.

La demora para reglamentar el servicio que prestan las ambulancias privadas en las principales ciudades del país las ha convertido en otro símbolo de ilegalidad. Pese a ser un servicio de primera necesidad, hoy es centro de polémicas y recriminaciones.Por un lado, la guerra del centavo que libran conductores y paramédicos por recoger como mercancía a sus pacientes y llevarlos a las clínicas que más comisión les ofrezca bajo la premisa de que entre más grave el herido es más alto el botín. Por el otro, un negocio alrededor del cual se mueven centenares de ambulancias por todo el país sin la autorización.A ello se suma la ausencia de controles, lo cual permite que muchas ambulancias circulen en condiciones precarias. Porque fuera de la pintura y la sirena, al lugar de los accidentes lo que llegan son vehículos que no cuentan con equipos médicos ni los elementos de reanimación, que en muchos casos marcan la diferencia entre la vida y la muerte.Es innegable que en Colombia, y sobre todo en Cali, existe una gran demanda de ambulancias. Y que en muchas ocasiones es superior a la oferta. Pero si a eso se suma la histórica falta de regulación y de decisión de las autoridades nacionales o municipales, el resultado no puede ser distinto a lo que ocurre en la capital del Valle, donde hay 174 ambulancias operando cada una por su lado y al menos 70 más circulando de forma ilegal.Las cifras de Fasecolda, el gremio de las aseguradoras en Colombia, permiten entender por qué hay tantas ambulancias privadas en el país, por qué les pagan lo que les pagan, por qué la guerra del centavo o por qué un herido en el sur de Cali lo trasladan a una clínica en el norte: es un negocio que mueve más de $100.000 millones cada año.Pero el problema no se reduce solo a las ambulancias. Parte de la responsabilidad de esos paseos de la muerte corre por cuenta de clínicas que han privilegiado el negocio sobre la atención humanitaria y con esa visión han fomentado un servicio despreciable y sin escrúpulos que ha cobrado la vida de muchas personas. Gente que demandaban atención urgente y fallecieron en largos recorridos cuando tenían una clínica a dos o tres cuadras.Un paso importante para ponerle freno a este fenómeno serán los resultados que arrojen las 54 investigaciones que por irregularidades adelanta la Superintendencia de Salud contra igual número de clínicas en todo el país por presuntos fraudes con los cobros al Soat. La mayoría por facturar servicios no prestados, atender pacientes fantasmas o malas prácticas médicas para abaratar costos.El panorama muestra también la necesidad de establecer una reglamentación clara para el funcionamiento de las ambulancias. Porque no será con decretos coyunturales que el Estado logre un cambio tan importante como urgente. Lo que se requiere es un trabajo estructural que permita que usuarios, clínicas, ambulancias y conductores sean conscientes de su responsabilidad social.De lo contrario, la ilegalidad seguirá mandando y las ambulancias seguirán a merced de los intereses mercantiles, donde poco importa la integridad de los pacientes.