Un debate necesario

El debate sobre la Ley de Justicia y Paz es una necesidad, porque tanto los ciudadanos como el Estado deben saber si los resultados obtenidos se compadecen con su decisión de hacer una excepción al ordenamiento jurídico. Y si las entidades de gobierno, la Fiscalía y la Justicia, cumplieron con el objetivo para el cual fue tomada esa decisión.

La semana pasada salió a la calle el primero de los paramilitares vinculados a la Ley de Justicia y Paz, después de cumplir los ocho años de prisión que estableció la norma y a pesar de que no ha recibido aún la condena o absolución de los organismos pertinentes. Su libertad es el resultado de la aplicación de la justicia transaccional, decisión de carácter político que se estableció en el 2005 para dar por terminada una forma de violencia.Alias Sancocho fue el personaje que retornó a la libertad. Acusado de ser uno de los participantes activos en las masacres cometidas en el río Naya, José de Jesús Pérez Jiménez es acusado de 231 crímenes de lesa humanidad y fue condenado en 13 ocasiones por otros delitos. No obstante que la ley 975 de 2005 le exigía entregar la información sobre los delitos que cometió, no colaboró con la Justicia ni confesó sus delitos. Y mucho menos entregó bienes para reparar sus víctimas. Es decir, no cumplió con los presupuestos de la justicia transaccional, además de que su comportamiento durante el tiempo de detención dejó mucho qué desear. Pero ‘Sancocho’ cumplió el plazo y ahora la Justicia le otorgó la libertad, no obstante que no ha sido juzgado aún en el marco de la ley 975. Pero cumplió su tiempo, lo que lo parece ser suficiente para otorgarle los beneficios. ¿Acaso se hizo justicia? ¿Puede la sociedad declararse satisfecha? Si bien la detención se produjo mediante la entrega voluntaria del sujeto que pretendió acogerse a los beneficios, ¿se puede decir que existe un arrepentimiento de su parte? Y pese a su comportamiento, ¿deberá el Estado cumplir el compromiso del liberarlo? ¿Contribuyó Pérez Jiménez al bien supremo de la paz que dio origen a la Ley de Justicia y Paz?Más inquietante es el indagar por la reparación a las víctimas causadas por el mortal recorrido de quien está al borde de dejar atrás su pasado de crímenes atroces. ¿Quién les entrega la verdad de los hechos cometidos por ‘Sancocho’? ¿Cuándo se sabrá lo que ocurrió en el Naya? Y, ¿quién reparará a las víctimas por las atrocidades de que fueron objeto ellas y sus familias?El debate sobre la Ley de Justicia y Paz es una necesidad, porque tanto los ciudadanos como el Estado deben saber si los resultados obtenidos se compadecen con su decisión de hacer una excepción al ordenamiento jurídico. Y si las entidades de gobierno, la Fiscalía y la Justicia, cumplieron con el objetivo para el cual fue tomada esa decisión. Más aún, cuando a las puertas está la posibilidad de recurrir de nuevo a la justicia transaccional para dar por terminado el conflicto con las Farc, el más antiguo en la historia de Colombia. Y cuando se conocen cartas del jefe máximo del grupo armado ilegal, dejando en duda su compromiso con la verdad y con asumir sus responsabilidades con las miles de víctimas que han dejado. Es claro que los colombianos han refrendado su deseo de paz y la justicia transaccional es una vía para lograrla. La pregunta es si con el sólo hecho de aceptar esa jurisdicción especial se cumplirán los presupuestos de verdad, justicia y reparación que espera la Nación.