Tránsito e ilegalidad

"Cali necesita tomar medidas efectivas. No se trata de expedir reglamentos que se quedan sin aplicar o se imponen a conveniencia. Ni usar la pobreza como argumento para justificar la ilegitimidad que termina afectando la convivencia. Está demostrado que tolerar la ilegalidad es un paso al desorden...".

Con el MÍO, Cali se comprometió a recuperar la movilidad reorganizando el tránsito e impulsando la cultura ciudadana. Un esfuerzo grande que pone en riesgo la permisividad de las autoridades y la inconsciencia de los caleños con el transporte ilegal y los peligros que conlleva.Cali es una ciudad congestionada, su tránsito es caótico y necesita salidas efectivas a esos problemas. En la informalidad y la piratería confluyen parte de las causas de esos males, como lo mostró el informe publicado esta semana por El País, en el que se da cuenta del desmadre que reina en las salidas de la ciudad por los llamados terminalitos. Buses que operan sin autorización y sin controles técnicos, carros particulares ofreciendo sus servicios, motorratones que hacen de la velocidad su virtud, pregoneros vendiendo los cupos y usuarios dispuestos a correr cualquier riesgo con tal de ahorrarse unos pesos. Lo mismo que se repite al lado de centros comerciales, en las zonas de ladera o en el Distrito de Aguablanca.Frente a ellos están unas autoridades que reconocen el caos en el que se mueve el tránsito caleño y se excusan en la falta de recursos para imponer el orden. O, peor aún, que se hacen los de la vista gorda bajo el pretexto de que se trata de personas de escasos recursos a las cuales hay que dejar trabajar, dándole así un enfoque aún más miserable a la pobreza en la ciudad. Se olvidan que su deber es organizar el tránsito, a través de un ejercicio de autoridad que implica hacer respetar las normas. ¿Acaso el discurso de pobrecitos los pobres es argumento aceptable para desconocer las leyes creadas para organizar y proteger la sociedad?Cali necesita tomar medidas efectivas. No se trata de expedir reglamentos que se quedan sin aplicar o se imponen a conveniencia. Ni usar la pobreza como argumento para justificar la ilegitimidad que termina afectando la convivencia. Está demostrado que tolerar la ilegalidad es un paso al desorden, promovido por quienes se resisten a aplicar el principio de autoridad. A ello se une el rezago en una infraestructura adecuada para las necesidades de una ciudad con dos millones y medio de habitantes. La construcción de terminales periféricas, que eviten el ingreso de los buses intermunicipales al centro de la ciudad, es una decisión que no se puede aplazar. Es el fin de los llamados terminalitos.La capital del Valle dio el salto hacia la transformación de su cultura ciudadana cuando decidió invertir en la construcción de su sistema de transporte masivo. Pero aún se requieren acciones para que el sistema funcione como el gran proyecto que fue concebido. El MÍO representa la mitad de la solución. La otra mitad se debe dar en términos de organización urbana e implica que haya decisión para ordenar el tránsito, para lo cual no hay alternativa distinta a aplicar las normas vigentes para el transporte público y sancionar la ilegalidad. Pero nada de eso servirá si los caleños no cambian su actitud y comprenden el riesgo de padecer una tragedia por el afán de ahorrarse unos pesos y la resistencia a acatar las reglas creadas para su beneficio.