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Sin Justicia en Colombia

"Es decir, no hay Justicia en Colombia. Incluso, el Gobierno, representado por el Ministro de Trabajo, ha debido recorrer varios tribunales regionales para que siquiera le reciban su demanda sobre la declaratoria de ilegalidad del paro, conforme al artículo 56 de la Constitución Nacional que prohibe expresamente la parálisis en los servicios públicos".

4 de noviembre de 2012 Por:

"Es decir, no hay Justicia en Colombia. Incluso, el Gobierno, representado por el Ministro de Trabajo, ha debido recorrer varios tribunales regionales para que siquiera le reciban su demanda sobre la declaratoria de ilegalidad del paro, conforme al artículo 56 de la Constitución Nacional que prohibe expresamente la parálisis en los servicios públicos".

Veinticinco días cumple Colombia sin justicia. Y en tanto los tribunales se niegan a recibir las solicitudes para que sea declarado ilegal el paro promovido por Asonal Judicial, la Nación contempla con perplejidad la negación de un servicio público esencial y la posibilidad de que miles de delincuentes salgan de prisión por vencimiento de términos y que miles de procesos civiles, comerciales, laborales y administrativos, sean paralizados de manera ilegal.Y todo se debe a la presión indebida de los funcionarios pertenecientes a la rama judicial para que sus reclamos sean aceptados. De nada sirven las propuestas del Gobierno Nacional, muy cercanas a su pedido y a las condiciones que estableció la Ley 04 de 1992. Tampoco han sido útiles los llamados de la Procuraduría General o de la Defensoría del Pueblo para que entren en razón, piensen en el daño que le están causando a la Nación y retornen a sus labores. Al parecer, el tener en sus manos un servicio fundamental para presionar por sus intereses está primando sobre una de las bases de un Estado cimentado en la Ley como fuente de paz y de orden.Es decir, no hay Justicia en Colombia. Incluso, el Gobierno, representado por el Ministro de Trabajo, ha debido recorrer varios tribunales regionales para que siquiera le reciban su demanda sobre la declaratoria de ilegalidad del paro, conforme al artículo 56 de la Constitución Nacional que prohibe expresamente la parálisis en los servicios públicos. Sólo el Tribunal de Casanare recibió la petición. Es decir, los demás se negaron a cumplir lo que les ordena la ley y prefirieron permitir que continuara una situación a todas luces ilegal y dañina para la Nación. Por su parte, la Contralora General de la Nación presentó una petición en igual sentido ante la sala laboral del Tribunal de Barranquilla, para que se impida el pago de salarios a quienes se niegan a cumplir sus funciones, argumentando el inmenso perjuicio que les causan a los colombianos y el incumplimiento de sus funciones. Es decir, también ha tenido que buscar en todo el país en dónde radicar su demanda, que incluye también la declaratoria de ilegalidad, lo que demuestra una vez más la forma en que la Justicia ha sido secuestrada por el paro ilegal. Lo más llamativo de todo lo que está ocurriendo en Colombia con el paro es que la señora Ministra de Justicia, proveniente del sector Judicial, ha hecho a los autores de la parálisis una oferta muy cercana a sus pretensiones. La respuesta ha sido negativa, y con seguridad será incrementada con la solicitud de inmunidad para ellos y la exigencia de que se paguen los salarios que perdieron por causa del pago. En otros términos, la posibilidad de levantar el movimiento está lejana y Colombia debe seguir sin Justicia.Eso debe ser inaceptable para una Nación que se basa en el respeto a la Ley. Sin duda, llegamos al absurdo de que quienes deben aplicarla y velar por su cumplimiento están ignorándola hoy y de manera indefinida. Es el desconocimiento del Estado de Derecho. O mejor, el abuso de las prerrogativas que otorga el ordenamiento jurídico para lograr beneficios particulares.

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