Sin fuero militar

"No hay nada más inconcebible en un Estado de Derecho que renunciar al establecimiento de un marco jurídico que rija la actuación de la Fuerza Pública legítima y les dé garantías a sus integrantes, mientras se ofrecen beneficios a quienes usan la violencia, esa sí ilegítima, para tratar de lograr que desmonten sus maquinarias de guerra y terror".

Reconociendo vicios de forma, la corte Constitucional declaró ilegal la reforma al Fuero Militar que fijaba un marco mucho más preciso y jurídico a la manera de investigar, juzgar y sancionar por actos cometidos en ejercicio de sus funciones a los miembros de la Fuerza Pública. Con la decisión vuelve a quedar en el aire la necesidad de contar con reglas claras para la aplicación de justicia en hechos que por su complejidad y efectos deben tener el tratamiento especial que recogen las legislaciones de todos los países democráticos del mundo.La sentencia anunciada es un revés de grandes proporciones en el avance logrado por Colombia para afrontar los desafíos derivados de un conflicto largo, donde las autoridades militares y de Policía han debido actuar para preservar el orden y combatir la delincuencia. La ley que tumbó la Corte fue debatida con especial profusión durante los dos años que duró el trámite y su aprobación, por lo cual no puede decirse que faltó el debate democrático que ordena la Constitución, ni que fue un intento oscuro y silencioso para imponer medidas que desconocen los Derechos Humanos. Hay otro elemento que reclama atención: al decidir que se violó el reglamento del Congreso con la aparente simultaneidad en las sesiones de la Comisión Primera de la Cámara y de la Plenaria de esa institución que aprobaron el estatuto, la Corte Constitucional evitó pronunciarse sobre los asuntos de fondo allí establecidos. Por lo cual seguirá prevaleciendo la duda sobre la legitimidad de los preceptos que guiaron su aprobación con las cuales se trató de dar a entender que era un intento por garantizar impunidad a las conductas antisociales cometidas por policías y soldados. Lo cual es falso.Lo que sigue entonces es repetir el ejercicio, volver a presentar el estatuto y esperar a que se cumplan los trámites que fijan las leyes y los reglamentos. Serán otros dos años de espera, puesto que se trata de una reforma Constitucional que requiere de ocho debates realizados en dos legislaturas distintas. Pero tendrá que hacerse, porque que las circunstancias del país así lo demandan. No hay nada más inconcebible en un Estado de Derecho que renunciar al establecimiento de un marco jurídico que rija la actuación de la Fuerza Pública legítima y les dé garantías a sus integrantes, mientras se ofrecen beneficios a quienes usan la violencia, esa sí ilegítima, para tratar de lograr que desmonten sus maquinarias de guerra y terror.Ahora, y mientras se tramita de nuevo el Fuero Militar, es de esperar que se tomen medidas para ofrecer asistencia a los miembros de la Fuerza Pública que son investigados o juzgados por la justicia ordinaria. Es lo menos que debe hacer una Nación con quienes ofrecen su vida para proteger sus derechos del terrorismo y el crimen organizado. Es el momento para recordar que el santanderismo que busca en los resquicios de la ley la oportunidad para hacer prevalecer la forma sobre el fondo, no puede predominar en un país necesitado de un Estado transparente y eficaz en la protección de los derechos de sus ciudadanos.