Si la sal se corrompe

El pasado viernes, y con ocasión del relevo en la dirección de la Procuraduría General de la Nación, el procurador saliente presentó una extensa rendición de cuentas sobre su gestión. Además de la descripción de sus innumerables acciones al frente del organismo, el doctor Fernando Carrillo repitió la queja que muchos de sus antecesores han expresado en los distintos cargos de control y vigilancia que tiene Colombia.

Se trata de la corrupción y sus distintas formas que adopta, tanto para cometer sus crímenes como para evitar o impedir el castigo por sus hechos. Según el doctor Carrillo, a quien se le debe reconocer su voluntad de acertar en la tarea que desempeñó durante cuatro años, dentro de la Procuraduría parece existir una especie de cartel que protege a los corruptos e impide que rindan cuentas por sus delitos.

La Procuraduría no es un órgano jurisdiccional ni persigue el aspecto penal de los actos cometidos por los servidores del Estado. Pero debe decirse que sí desempeña el papel de protector de los intereses de cada ciudadano frente al Estado y la transparencia que quienes lo integran deben guardar en sus actuaciones, por lo cual es el primer bastión contra un mal que según lo expresado por el excontralor y exprocurador Edgardo Maya se queda con más de cincuenta billones de pesos del erario público por año.

Esa anotación debe resaltarse de nuevo cuando el saliente procurador Carrillo se refiere de manera pública a la forma en que dentro de la entidad que él dirigió se venden fallos, se retrasan o guardan investigaciones buscando su prescripción, se vende información privilegiada y se utilizan cargos como las procuradurías regionales o provinciales para impedir que avancen los procesos. Es un claro ejemplo del clientelismo que se impone desde el momento en que los nombramientos de esos funcionarios se originan en recomendaciones de dirigentes políticos con representación en la administración pública.

En una entrevista radial y para referirse a esa pandemia que destruye la credibilidad en el Estado, el procurador saliente citó el pasaje bíblico sobre el efecto que tiene en la sociedad la posibilidad de que la sal se corrompa, es decir, que quienes deben vigilar el manejo de los asuntos públicos caigan en los vicios que deben combatir. Fue una declaración de impotencia ante lo que puede calificarse como el peor de los males que afecta a nuestro Estado.

A la Procuraduría llegó ahora la doctora Margarita Cabello, quien tiene una larga hoja de vida en la cual se destaca su trayectoria como servidora pública. Por supuesto, ella deberá continuar con las múltiples ocupaciones y compromisos que la ley le asigna a su cargo como defensora de los intereses ciudadanos. No obstante, y ante la declaración de su antecesor, no parecen quedar dudas sobre la urgencia de acometer la corrupción como el gran enemigo de la confianza y la credibilidad de nuestras instituciones.

En ese propósito la acompaña toda la nación colombiana, la que reclama hechos que demuestren la voluntad de romper las cadenas de un mal que se queda con los recursos y acaba con la fe en el Estado de Derecho.