Sentencia que preocupa

Sentencia que preocupa

Enero 23, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Algo no cuadra entre la decisión del Alto Tribunal y la obligación de la Fuerza Pública, la Justicia y el Gobierno de hacer presencia en todo el territorio nacional. Entendiendo el propósito de los magistrados que aprobaron la decisión de proteger la vida y bienes de los ciudadanos, su mensaje en este caso es por lo menos contradictorio, porque convierte en factor de riesgo lo que según la Constitución es una obligación. Y se acerca peligrosamente al empeño de las Farc, de dar a entender que los causantes del horror y la destrucción no son ellos sino los soldados y policías que arriesgan sus vidas por proteger a los colombianos.

Revuelo justificado causó la sentencia del Consejo de Estado sobre la presencia de las estaciones de Policía en medio de la población civil y la obligación de las instituciones de responder por los daños que case el terrorismo. Con ella puede estar llegándose a sugerir que la autoridad creada para defender al ciudadano no puede construir sus cuarteles cerca de él, y que no es necesario demostrar la culpa de ellas para condenar al Estado a pagar por los perjuicios que sufren los colombianos a manos de los terroristas. Por supuesto, es imposible desconocer las amenazas que para los colombianos ha significado el asedio constante de las múltiples formas de violencia que han existido en el país, a pesar de los denodados esfuerzos de la Fuerza Pública. Y nadie puede oponerse a que se tomen las medidas necesarias para reducir los daños resultantes de los ataques con los cuales se pretende imponer imperios basados en el terror.Pero hay mucho trecho entre esa reflexión y el considerar la presencia de los cuarteles de Policía como generadores de riesgos antes que como la obligatoria y necesaria presencia del Estado al lado de los ciudadanos. O como causantes del daño que provocan los grupos e individuos que atacan en forma discriminada y producen daños a los bienes privados y públicos, sin demostrar en un juicio que ello se debió a fallas del servicio producidas por culpa o negligencia de los funcionarios encargados de velar por la seguridad ciudadana. Y qué decir del efecto político de esa decisión, cuyo alcance se ha tratado de explicar desde el Consejo de Estado diciendo que “lo deseable es que las estaciones (de Policía) no estén tan cerca del centro de la población (…)”. Y que la medida debe aplicarse “en zonas en las cuales se vea alterado el orden público con frecuencia (…)”. ¿Acaso es sólo la policía y en los municipios considerados como de alto riesgo? ¿Y qué debe decirse de atentados como el cometido en 1985 contra el DAS en Bogotá, o contra el Palacio de Justicia de Cali, hace 11 años? Algo no cuadra entre la decisión del Alto Tribunal y la obligación de la Fuerza Pública, la Justicia y el Gobierno de hacer presencia en todo el territorio nacional. Entendiendo el propósito de los magistrados que aprobaron la decisión de proteger la vida y bienes de los ciudadanos, su mensaje en este caso es por lo menos contradictorio, porque convierte en factor de riesgo lo que según la Constitución es una obligación. Y se acerca peligrosamente al empeño de las Farc, de dar a entender que los causantes del horror y la destrucción no son ellos sino los soldados y policías que arriesgan sus vidas por proteger a los colombianos.Y más aún, cuando condena a la Nación por hechos causados por delincuentes y sin que se demuestre la responsabilidad por acción o por omisión de los servidores públicos. Aunque el ideal es la paz, estamos en Colombia, y todas las instituciones deben estar del mismo lado para combatir la violencia antes que para condenar al fisco y a los servidores públicos a pagar por la destrucción causada por el terrorismo con el cual se pretende doblegar al Estado.

VER COMENTARIOS
Columnistas