Seguridad y elecciones

"...hasta ahora se registran en Colombia 120 hechos de violencia vinculados a la política, 63 de los cuales se relacionan con candidatos. Eso ha significado la muerte de 20 de ellos, el secuestro de 7 más y las amenazas a otros 32, un 43% más de los ocurridos en las elecciones de hace 4 años...".

Con la llegada de las elecciones municipales y departamentales se han destapado también las preocupaciones sobre la seguridad de los aspirantes a desempeñar los cargos de representación popular. Es momento oportuno para que las autoridades tomen las medidas que demanda la obligación de impedir que los hechos violentos afecten el transcurrir de un proceso vital para la democracia.Hoy no puede afirmarse que los atentados y las amenazas hasta ahora registrados obedezcan a un plan estructurado para afectar el certamen electoral y debilitar las instituciones, ni que tengan su origen en sectarismos partidistas, épocas por fortuna superadas en Colombia. Tampoco es posible afirmar que se está produciendo un incremento de hechos cometidos por la guerrilla para impedir el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido. Pero lo que hasta ahora ha sucedido demanda atención. En efecto, y según lo afirma la Misión de Observación Electoral, MOE, hasta ahora se registran en Colombia 120 hechos de violencia vinculados a la política, 63 de los cuales se relacionan con candidatos. Eso ha significado la muerte de 20 de ellos, el secuestro de 7 más y las amenazas a otros 32, un 43% más de los ocurridos en las elecciones de hace 4 años. La situación más grave se presenta en los departamentos de Antioquia y el Valle, donde varios municipios han sido escenarios de atentados con resultados mortales y de amenazas, muchas de las cuales no se conocen. Es claro que en Colombia ya no puede hablarse de violencia política en el sentido estricto, referido a aquella que causa el enfrentamiento ente los partidos por el poder. Como tampoco puede decirse que los hechos obedecen al interés de algún gobierno por asegurarse en el poder liquidando o tratando de silenciar la oposición. Pero no puede negarse que la existencia el narcotráfico y su interés por asegurar su dominio en zonas y localidades estratégicas está en el centro de esos hechos. Como también es cierto que las denuncias sobre corrupción, en especial en los municipios pequeños, se tratan de acallar por los autores de esos asaltos al erario y a la decencia. Casos como Yumbo demuestran cómo la política local y regional ha sido interferida por las mafias o por las asociaciones para delinquir que se toman los gobiernos municipales. Así lo han denunciado las autoridades, que también conocen de años atrás los intentos por falsear los resultados electorales para mantener ese dominio. Lo que no puede llevar a menospreciar un fenómeno grave que atenta contra la vida y la libertad de los aspirantes y pone en riesgo la legitimidad del Estado en municipios y departamentos. En esas condiciones, y antes que soltar las alarmas por la presencia de una violencia política generalizada, lo que tiene que hacerse es vigilar la forma en que se desarrolla el proceso electoral y las posibles relaciones e influencias de la delincuencia común en ese proceso. Lo que significa ofrecer seguridad a los aspirantes y a la vez investigar las formas que esa delincuencia se inventa para desvirtuar la voluntad popular y apoderarse de los gobiernos locales y regionales.