Seguridad para el Valle

"Antes que episodios aislados de violencia, lo que el Valle está sufriendo es el desafío del crimen al Estado de Derecho, aprovechando ventajas como la debilidad de las instituciones municipales o departamentales, la permeabilidad de sus organizaciones políticas y el temor que experimentan las comunidades".

El pasado sábado se realizó una ceremonia en Tuluá donde la Policía Nacional entregó 40 motos y anunció el aumento del pie de fuerza para responder al incremento de hechos violentos y atroces en la región. Cerca de ahí, en la zona rural del municipio de Andalucía, las autoridades incautaban un arsenal compuesto por 97 fusiles de asalto, 30.000 cartuchos, 222 granadas y 15 lanzagranadas. Es la radiografía de lo que ocurre en el Valle en materia de seguridad. Mientras la delincuencia de todos los estilos y tamaños actúa en proporciones enormes, asesina o extorsiona hasta a los vendedores ambulantes, el Estado se moviliza al estilo tradicional, realizando Consejos de Seguridad cada que se presentan hechos atroces. Y ordena el desplazamiento temporal de efectivos de seguridad, los cuales son retirados apenas se reduce el número de delitos, lo que no necesariamente indica que sus causas y sus autores han sido erradicados. Es que lo que está sucediendo en gran parte de los municipios vallecaucanos desde hace varios años es ni más ni menos que la permanente lucha de las organizaciones criminales, la guerrilla y toda suerte de grupos ilegales, por el control de esas localidades. Eso ocurre a diario en las áreas urbanas de Palmira, Tuluá, Buga, Cartago, Pradera y tantas otras, donde la pelea es por el control del microtráfico o por el dominio territorial que permite extorsionar a los comerciantes, a los vendedores informales y a la sociedad en general. Mientras tanto, municipios como El Dovio siguen padeciendo los males heredados por las luchas intestinas de los narcotraficantes. En tanto asesinan dos hermanos del alcalde de esa localidad, el municipio registra 11 muertes violentas entre los meses de junio y septiembre. Y la amenaza de retaliaciones, lo crímenes macabros y la influencia de las bandas en las administraciones públicas siguen demostrando que la intervención del Estado no ha sido suficiente para rescatar esas comunidades de la espiral de violencia que las afecta. Y que será imposible poner fin a los imperios de la ilegalidad que golpean al Departamento si no se toman medidas radicales y permanentes que garanticen la presencia de la autoridad legítima. Por supuesto, la Policía y muchos de los alcaldes han hecho un esfuerzo que debe ser reconocido. Pero como ocurre en Tuluá, los hechos están demostrando que la violencia sigue siendo una amenaza para millones de vallecaucanos. Lo cual reclama una decisión urgente para erradicar sus causas y recuperar la tranquilidad de las comunidades que hoy padecen la delincuencia en todas sus formas. Antes que episodios aislados de violencia, lo que el Valle está sufriendo es el desafío del crimen al Estado de Derecho, aprovechando ventajas como la debilidad de las instituciones municipales o departamentales, la permeabilidad de sus organizaciones políticas y el temor que experimentan las comunidades. Por eso, es el momento de reclamarle a la Nación una presencia más activa en la defensa de los vallecaucanos, Y de asumir las responsabilidades que demanda el restablecimiento de la paz y el orden en todos los rincones del Departamento.