Salud: al fín, ¿qué?

Cualquiera sea el motivo de lo que acontece en el Congreso, lo único claro sobre la Salud en Colombia es la confusión que existe a su alrededor. Por supuesto, el Gobierno tiene la información sobre el estado de uno de los servicios públicos más importantes para cualquier sociedad. Pero lo que está aconteciendo es que los colombianos no saben nada, y crecen sus quejas y preocupaciones, mientras las diferencias políticas y las presiones de quienes se aferran al negocio aumentan las dudas y la incertidumbre.

Contra todas las expectativas, el Gobierno Nacional acaba de informar que no es necesaria una reforma al sistema de Salud. La pregunta es entonces qué va a ser el Estado para conjurar la innegable crisis que padecen los hospitales públicos, muchos de los operadores del régimen subsidiado, y para erradicar la corrupción, los sobrecostos y la insatisfacción creciente de los colombianos ante el servicio que se les presta.Hace unos días, el presidente Santos anunció la destinación de $1,2 billones sacados del presupuesto nacional para atender la iliquidez que afecta a centenares de hospitales, causada por las deudas impagadas de muchas Empresas Prestadoras de Servicio, EPS, y de departamentos y municipios, además de los fenómenos de clientelismo que afectan a instituciones como el Hospital Universitario del Valle. Por su parte, la Ministra de Salud informó la adopción de medidas que llevarán a reducir el número de EPS, reclamando un plazo de meses para recuperar el sistema.Así, y al anunciar que la filosofía de la ley 100 de 1993 no será cambiada ni se regresará al estatismo que existía antes, el Gobierno pareció circunscribir las cosas a un aspecto financiero. Y si bien aún no se ha referido a los billones de pesos del Fosyga que duermen en títulos de deuda pública mientras los hospitales se asfixian, ordena a la Superintendencia Financiera la vigilancia de las EPS. Tampoco se refiere a las denuncias sobre los sobrecostos que afecta a las drogas, o al enjambre de intermediarios que se quedan con una porción importante de los más de $28 billones que debe gastar cada año para financiar la salud de 46 millones de colombianos. Es decir, y de acuerdo con las posiciones expuestas por el Gobierno, la crisis no amerita una reforma que deba ser presentada al Congreso. Esa posición, que fue respaldada por poderosos gremios como la Andi, contrasta de manera notoria con lo que ocurre en el Legislativo. En efecto, algunos partidos pertenecientes a la coalición oficialista anunciaron la presentación de un proyecto de reforma que no tendrá, por lo menos hasta ahora, el respaldo del Ejecutivo. ¿Consecuencia de lo sucedido con la Reforma a la Justicia? ¿Rebeldía contra el poder presidencial?Cualquiera sea el motivo de lo que acontece en el Congreso, lo único claro sobre la Salud en Colombia es la confusión que existe a su alrededor. Por supuesto, el Gobierno tiene la información sobre el estado de uno de los servicios públicos más importantes para cualquier sociedad. Pero lo que está aconteciendo es que los colombianos no saben nada, y crecen sus quejas y preocupaciones, mientras las diferencias políticas y las presiones de quienes se aferran al negocio aumentan las dudas y la incertidumbre.Es claro que el gobierno está actuando. Pero sería bueno que le contara a la Nación cuál es el verdadero estado de la Salud. Y que despejara las dudas, empezando por contener la iniciativa que empieza a hacer carrera en el Congreso, no sea que los colombianos vuelvan a ser sorprendidos con otro desastre como el que hundió la reforma a la justicia.