Resultados que indignan

Agosto 20, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Es que no parece congruente que mientras la Contraloría realiza esas denuncias, su Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción adelante apenas 5 procesos de responsabilidad fiscal por $6000 millones por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar.

El ejemplo más claro de los males que produce el clientelismo está en el escándalo que se destapó a partir de la alimentación que se reparte a los niños en los centros educativos y guarderías del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf.Según las denuncias de la Defensoría del Pueblo, el peor resultado se encontró en la Guajira, donde se entregan alimentos viejos, escasos y descompuestos, cuando no están contaminados por heces de roedores. Igual pasó en Bolívar y Atlántico, donde el Ministerio de Educación ordenó cancelar los contratos a proveedores que entregaban comida en estado de descomposición a centenares de miles de menores de edad. Pero el problema se presenta en todo el país y lleva muchos años. Baste recordar las denuncias que se conocieron hace 10 años en el Valle con los desayunos escolares que se distribuían en gran parte del departamento. Y qué decir de lo que hace pocos meses se denunció en el Chocó, una verdadera vergüenza que produce indignación. Son miles de millones de pesos del erario nacional, departamental y municipal que se reparten sin controles que garanticen la calidad de los alimentos y aseguren el cumplimiento de los objetivos que se buscan con un programa más que necesario para mejorar la vida y la educación de los colombianos de escasos recursos. Porque esa es la meta que se persigue. Sin embargo, es desvirtuada por la laxitud con la cual se manejan recursos que, según la Contraloría General de la Nación, ascienden a un billón cien mil millones de pesos cada año. Es que los gobiernos seccionales, locales y las entidades nacionales entregan a su arbitrio esos dineros, en muchos casos a contratistas que han financiado las campañas electorales de los mandatarios, que pagan la respectiva “mordida” a los secretarios y demás funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento del programa.El cuadro es mucho más complejo de lo que se puede vislumbrar a partir de las informaciones de prensa. Es que no parece congruente que mientras la Contraloría realiza esas denuncias, su Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción adelante apenas 5 procesos de responsabilidad fiscal por $6000 millones por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar. ¿Qué hacen entonces las delegaciones del Ministerio de Educación, el cual aporta $776.450 millones cada año? ¿Y cómo se controlan los departamentos y los municipios, que en conjunto distribuyen $309.000 millones provenientes de las regalías y del Sistema General de Participaciones?Infortunadamente, el Programa de Alimentación Escolar debe calificarse como una vena rota del presupuesto público que debe ser reformada si es que con él se pretende combatir la inequidad en Colombia. Y no debería serlo, puesto que su propósito es ayudar a los niños que más necesitan del apoyo estatal que le brinde oportunidades para su desarrollo físico e intelectual. Por el contrario, lo que se ha destapado hasta ahora es el ejemplo de cómo el clientelismo y la falta de control se alían a todos los niveles del Estado para generar atraso, corrupción y desigualdad.

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