Reformas y alarmas

Reformas y alarmas

Agosto 09, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Pretende la propuesta resolver la Congestión Judicial. Para ello propone el otorgamiento de facultades para dictar justicia a los notarios, a funcionarios judiciales distintos a Magistrados y Jueces, e, incluso a abogados. Cuánto de ello puede ser viable en un país apegado a las leyes y a la separación de los poderes públicos, será materia de debate en el Congreso.

Luego de un intenso debate previo, el Gobierno Nacional presentó su propuesta de reforma a la Justicia cuyo contenido responde a los propósitos que animaron al Ejecutivo. Ahora sigue el estudio del Legislativo sobre la iniciativa, aunque con serias inquietudes por la posición de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.Bajo el argumento de que la reforma debe servir para ofrecer una justicia más expedita, el Gobierno propuso cosas como la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura, a cambio del cual se crea un Consejo Superior Judicial. Con ello se acaba un organismo que se había convertido en otra Corte que resolvía Tutelas, además de causar problemas y escándalos por la interferencia de la política y el clientelismo en sus decisiones.El proyecto es un gran intento por reformar la tutela y evitar los conflictos que causan frecuentes choques en los tribunales y juzgados por fallos contra sentencias. Sin tocar la facultad de los ciudadanos para usar el excepcional recurso, lo que se pretende es legislar para evitar los abusos y darle orden en su utilización, a fin de evitar que se convierta en motivo para confusiones.Pretende la propuesta resolver la Congestión Judicial. Para ello propone el otorgamiento de facultades para dictar justicia a los notarios, a funcionarios judiciales distintos a Magistrados y Jueces, e, incluso a abogados. Cuánto de ello puede ser viable en un país apegado a las leyes y a la separación de los poderes públicos, será materia de debate en el Congreso.La iniciativa tiene otros aspectos de importancia como quiera que propone reformar de una sola vez 25 artículos de la Constitución. Pero lo que más preocupa es la reacción del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Se sabe que el Gobierno trató de lograr consenso con los Tribunales para construir una propuesta que reflejara un acuerdo nacional. Infortunadamente no fue así.Por el contrario, lo que se produjo fue una reacción destemplada. En un comunicado, la Corte y el Consejo descalificaron la propuesta porque “compromete la separación de poderes, sobre cuya base se edifica el Estado Social de Derecho y propugna por una mayor concentración de poder en cabeza del ejecutivo”. Además, lanza una alerta sobre la amenaza que significa para la institucionalidad y anuncia que solicitará una veeduría internacional, por lo que según los firmantes significa el proyecto “para la independencia de la justicia y el régimen democrático de Colombia”.Pero no hace ninguna propuesta para mejorar un servicio vital para la Nación, salvo el aumento de jueces y del presupuesto. Al parecer nada puede cambiarse porque atenta contra el gobierno de los jueces que alguna vez proclamó un presidente de la Corte Suprema. Poco de pensar en el ciudadano y aligerarle la pesada carga que le significa el acudir a la justicia en busca de la protección de sus derechos.Así las cosas, el Congreso deberá tomar las decisiones para tener una rápida y cumplida justicia en Colombia, pese a la alarma injustificada y al llamado a la intervención internacional de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

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