¿Reformas o cambios?

Todo lo que se ha venido destapando en los últimos años está generando una crisis de credibilidad en el Estado y en sus poderes públicos, que separan al ciudadano de sus instituciones, ocasionando una debilidad de proporciones en la democracia. Todas las encuestas así lo muestran.

Se inició ayer en el Congreso de la República la primera legislatura del 2015. Y si bien ya se sabe los puntos que marcarán su agenda, no es menos cierto que la realidad nacional está sugiriendo que se aboquen los asuntos que golpean la credibilidad del Estado. Está en primer lugar el Plan de Desarrollo cuatrienal que la Constitución ordena expedir al inicio de cada Gobierno. Al respecto, ya se sabe que las cifras y los presupuestos sobre los cuales se basa el actual deben ser revisados. El dramático cambio que se empieza a asomar en la economía nacional indica que se acortarán los ingresos públicos, a la vez que la devaluación abre oportunidades para impulsar la producción nacional con destino a los mercados externos.Puesto en otros términos, ya no parece acertado seguir ofreciendo todos los programas que se definieron cuando se elaboró el Plan, desde agosto del año pasado. Es decir, todas las ofertas, empezando por el pago del llamado postconflicto, deberán ser revisadas para evitar traumatismos mayores. Ahora no habrá tantas regalías para los departamentos y municipios, la mermelada que se regará en toda la tostada de la cual habló el exministro de Hacienda y ahora presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry.Tampoco se podrán hacer cuentas alegres sobre los grandes dividendos que ofrecía la empresa petrolera, o de los incrementos en impuestos pagados por las industrias, en especial las del sector de hidrocarburos que padecen la caída súbita de sus ingresos y recogen de prisa sus gastos. De otra parte, no es menos cierto que la devaluación implicó un aumento sustancial en el valor de la deuda pública, obligando a destinar más pesos a su pago.Y en el plano institucional, las cosas también han dado un giro dramático. Se trata ante todo de la crisis de credibilidad en la cual ha caído la Justicia. Y no sólo por culpa del escándalo que envuelve al presidente de la Corte Constitucional. Todo lo que se ha venido destapando en los últimos años está generando una crisis de credibilidad en el Estado y en sus poderes públicos, que separan al ciudadano de sus instituciones, ocasionando una debilidad de proporciones en la democracia. Todas las encuestas así lo muestran.Para enfrentar el desafío planteado por esa crisis, está suficientemente claro que la propuesta de establecer un nuevo equilibrio de poderes ya no responde a la gravedad de lo que está aconteciendo. Más aún, cuando no hace muchos años naufragó una reforma a la Justicia en medio de un escándalo cuyas consecuencias se quieren desconocer. Es la politización de la Justicia y la falta de mecanismos que castiguen con severidad el mal uso del poder y de las funciones públicas.Además de la negociación con las Farc y el posconflicto, esos dos temas están hoy en la cabeza de los ciudadanos. Dada la gravedad de ellos, bien vale la pena revisar las prioridades del momento. Y pensar que lo que Colombia necesita hoy es hacer cambios profundos en esos asuntos antes que en planes de reformas, bien intencionados sin duda, que no serán suficientes para responder a lo que hoy preocupa a los colombianos.