Reforma y Constituyente

Octubre 17, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

es inaplazable que se resuelvan los obstáculos que experimenta el ciudadano cuando acude a la Justicia para dirimir sus conflictos o hacer valer sus derechos.

Dos meses después de haber sido declarada como una necesidad nacional por el entonces recién posesionado presidente Juan Manuel Santos, la reforma a la justicia aguarda a que se pueda lograr un consenso entre las Altas Cortes, El Gobierno y el Congreso, con lo cual se empezaría a tramitar en la próxima legislatura. Que se logre ese consenso, o que se tomen decisiones que resuelvan uno de los grandes problemas del Estado por las vías normales, es la mejor manera de impedir que siga tomando fuerza la propuesta de realizar una Asamblea Constituyente para el efecto. En primer lugar es necesario que se haga claridad sobre los temas que debe abarcar la reforma. Por supuesto, debe estar en primer lugar la solución a los choques entre las Altas Cortes por la tutela, o el papel que desempeña el Consejo Superior de la Judicatura como administrador y como juez disciplinario. Como también es urgente resolver las inquietudes que se presentan en materia de los juicios que involucren a Congresistas, Magistrados y al propio Presidente de la República por actos cometidos en ejercicio de sus funciones.Y, claro, también está pendiente la obligación de desatar los nudos que se crearon al involucrar a los jueces en la selección de funcionarios. Hoy puede decirse que la buena intención que se tuvo al establecer esa colaboración entre los poderes públicos involucró en la política a quienes deben concentrarse en dictar justicia. El peor ejemplo de ello es la elección del Fiscal General, que hoy, casi 15 meses después y más de 20 votaciones, aún no se produce.Pero también es inaplazable que se resuelvan los obstáculos que experimenta el ciudadano cuando acude a la Justicia para dirimir sus conflictos o hacer valer sus derechos. O los estragos que causan la impunidad, la demora y los inconvenientes que se presentan en la justicia penal. No menos importante es acabar con la demora crónica que experimenta cuando acude a la jurisdicción administrativa para dirimir sus diferencias con las instituciones públicas.El Gobierno Nacional ya anunció que la reforma a la justicia no se abocará este año. Pero no parece claro que se avance en la revisión de instituciones como la Fiscalía o en la búsqueda de alternativas para agilizar la justicia civil y administrativa para impedir demoras de 20 y más años en la expedición de sentencias que resuelvan los litigios. Entonces, siendo importante ajustar el funcionamiento de las instituciones y la colaboración armónica de los poderes públicos, también debe darse prioridad a los reclamos de los ciudadanos del común.Son pues asuntos de suma importancia que tienen una forma de ser resueltos en el Congreso de la República, escenario natural de la democracia. Por eso resulta extraño que se pretenda promover una Asamblea Constituyente de 15 miembros para que tome las decisiones que corresponden al Legislativo. Eso sería llevar a la plaza pública y al debate electoral lo que la Constitución le ha definido ya su trámite y aprobación. Una interferencia inaceptable que convertiría a nuestras instituciones democráticas y jurídicas en objetivo electoral, expuestas a la improvisación que genera el debate político e interesado.

VER COMENTARIOS
Columnistas