Reforma necesaria

Noviembre 23, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

Si algo reclama cambios con urgencia en Colombia es la lucha contra la corrupción y el desgreño administrativo que consume una porción importante de los recursos públicos en todos los órdenes del Estado. Por eso es oportuna la advertencia que hizo el Contralor General de la Nación acerca de las graves deficiencias que se presentan en la fiscalización al gasto que realizan las entidades llamadas a velar por su correcto uso.

Si algo reclama cambios con urgencia en Colombia es la lucha contra la corrupción y el desgreño administrativo que consume una porción importante de los recursos públicos en todos los órdenes del Estado. Por eso es oportuna la advertencia que hizo el Contralor General de la Nación acerca de las graves deficiencias que se presentan en la fiscalización al gasto que realizan las entidades llamadas a velar por su correcto uso.Hace unos meses, el contralor Edgardo Maya había lanzado su advertencia, con ocasión de un proyecto de ley presentado ante el Congreso que pretende eliminar la Contraloría Nacional y crear un Tribunal de Cuentas. Además de respaldar esa instancia para evitar que la entidad a su cargo siga actuando como juez y parte al investigar el manejo de los recursos y decidir la suerte de quienes cumplen esa labor, el funcionario aprovechó para referirse al problema que existe en los niveles departamental y municipal de la administración pública.Dijo entonces que el control es disperso porque en nuestro país existen 64 contralorías entre departamentales y municipales, más la Nacional. Y que ese enorme universo le cuesta $942.000 millones al año al erario que debe vigilar. Cabe agregar que la mitad de esos recursos son manejados por entidades independientes que dirigen personas elegidas por concejos municipales y asambleas departamentales mediante un proceso engorroso que durante los 25 años de vigencia de la Constitución nacional ha demostrado su ineficacia para impedir el clientelismo, la puerta por la cual se cuela la corrupción.En pocas palabras, puede decirse que la mal llamada descentralización administrativa ha llevado a crear fortines burocráticos que a su vez son usados en muchos casos para revestir de aparente legalidad el reparto indebido, y en diversas ocasiones fraudulento, de los escasos recursos de los entes regionales y municipales. Más grave aún es que una entidad llamada Auditoría General, creada para vigilar esas contralorías, parece convidada de piedra en el cumplimiento de la misión de proteger el patrimonio público. Pero a pesar de la importancia de esa inquietud, largamente debatida y hasta objeto de un referendo que no alcanzó a lograr el umbral que proponía acabar con esas entidades, la propuesta, por lo menos en lo que queda del 2016, parece condenada al fracaso en el Congreso. Es fácil suponer que asuntos como la Reforma Tributaria o la implementación del acuerdo con las Farc consumirán las pocas semanas de la presente legislatura.No obstante, hay que persistir en esa iniciativa, por supuesto, con los cambios que deban incluirse para que cumpla su cometido y el tribunal sea independiente del clientelismo. De ello depende gran parte de la obligación de recuperar la credibilidad en la política y en el Estado.La corrupción y el despilfarro de recursos públicos es la causa de muchos de los males que golpean a la Nación. Y ya no puede aceptarse que la autonomía territorial en la administración del Estado siga siendo argumento para mantener estructuras que en su enorme mayoría no cumplen la misión para la cual fueron creadas.

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