Reforma innecesaria

Reforma innecesaria

Julio 28, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

El problema no está en la forma de designar el Fiscal...

Cumpliendo su anuncio, el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso su propuesta de Acto Legislativo para cambiar, entre otras cosas, la forma en que hasta ahora se ha designado el Fiscal General de la Nación. Con la polémica que ya levantó la iniciativa, es necesario volver a preguntar si la crisis de confianza que está detrás de ella es culpa de la Constitución y sus exigencias de que las ramas del poder público trabajen en armonía y por el bien de la Nación, o si se trata de un asunto en el cual pesan, y de qué manera, los afanes de poder de sus integrantes.El tema debe abordarse en principio desde una perspectiva académica, alejada de cualquier consideración partidista o revanchista. Es claro que el Fiscal ejerce una actividad definitiva para la correcta marcha de la Justicia, más aún en un sistema donde rige el sistema acusatorio. Lo que no parece impedir que su designación la haga el Ejecutivo, como sucede en los Estados Unidos, asumiendo la responsabilidad política que ello conlleva y sin que ello implique que el funcionario propenda por la impunidad del gobierno al cual pertenece. Hay que recordar que allá se exige la armonía de los poderes públicos en la medida en que el nombramiento debe ser aprobado por el Congreso. Lo cual no implica que se prohiban los acuerdos políticos entre el Legislativo y el Ejecutivo y que ello dé pie para descalificar la decisión por clientelista. Frente a esa figura está la fórmula colombiana, producto de un sistema híbrido que aún no se despoja de los rezagos de la justicia inquisitiva. A diferencia del sistema estadounidense, nuestra Constitución estableció que la colaboración armónica para la realización de los fines del Estado ordenada en el Artículo 113 debe producirse entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, el uno proponiendo una terna y la otra escogiendo al titular. Tal norma se cumplió con rigurosidad durante 18 años, sin que se sospechara de los magistrados y del Presidente de la República por pactos politiqueros. No ha sido así en el último año, para infortunio de un servicio público que como la persecución al crimen tiene a un Fiscal Interino durante doce meses. Y la razón está por fuera de cualquier consideración académica o de hermenéutica jurídica, porque se debe a una confrontación dañina y a todas luces política entre el Ejecutivo y la Corte Suprema. Lo cual desembocó en que algunos magistrados que conforman la mayoría del Alto Tribunal hayan decidido elegir el Fiscal después de que se retire el presidente Álvaro Uribe, protegidos por el hecho cierto de que la Constitución no les fijó plazos.Ahora, el Gobierno propone cambiar el sistema con un proyecto que plantea otras reformas. No es difícil encontrar en esa propuesta una forma de responder a la Corte Suprema por su actuación. Como tampoco parece desatinado afirmar que refleja un nuevo forcejeo de poderes que desconoce la orden de colaboración armónica para la realización de los fines del Estado. Así, el problema no está en la forma de designar el Fiscal sino en la rivalidad entre quienes integran los poderes públicos. Y mientras se mantenga esa pugna, cualquier reforma constitucional resultará inútil.

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