Reforma e inquietudes

"Entonces hay que hacer la reforma antes de que la crisis explote, pensando en el usuario y rescatando en primer lugar el concepto de servicio público por encima de la rentabilidad. La pregunta es si eso se logrará creando un sistema en el cual el Estado recupera el control absoluto de los recursos financieros y se convierte en el único responsable y ordenador del gasto, como lo propone el proyecto de ley estatutaria que hace trámite en el Congreso".

A pocos días de terminar su paso por el Congreso, la propuesta de reforma a la ley estatutaria de la salud sigue generando inquietudes y desconfianzas que necesitan claridad. Aunque no existe en la práctica quién se oponga al cambio que reclama un sistema asfixiado por las deudas, plagado de intermediarios y cuestionado por la insatisfacción de los usuarios, lo cierto es que las dudas sobre la propuesta deben ser escuchadas antes de tomar la decisión de aprobarla. Cuando en 1993 se expidió la Ley 100, Colombia dio un gigantesco y ambicioso salto hacia la posibilidad de ofrecer una cobertura total en materia de salud. Vincular a los particulares al servicio fue sin duda una decisión audaz que eliminó la traba de un estatismo excesivo donde el clientelismo destruía la posibilidad de cubrimiento y de ser eficientes en la prestación de un servicio público de vital importancia para cualquier sociedad. Pero con el cambio también llegaron problemas que demandan solución. El primero de ellos es la aparente contradicción que existe entre la obligación de prestar ese servicio y el ánimo de lucro que motiva a una entidad particular cuando se involucra en un negocio. Y el segundo, quizás el más angustiante, es el déficit financiero que generaron los cálculos económicos sobre los que se basó la expedición de la Ley 100, multiplicado de manera exponencial por las decisiones judiciales que obligaron al sistema a asumir tratamientos y atenciones sin límites.Esa mezcla explosiva ha sido soportada gracias a la fortaleza de los ingresos públicos que permite destinar casi treinta billones de pesos al año para atender el servicio. Pero en él subsisten problemas estructurales que son agravados por la corrupción, la desviación de recursos y la intrincada red de intermediarios que termina quedándose con los dineros destinados a atender la salud de una Nación cuyos índices de pobreza superan el 50% de su población. Son problemas a los cuales se ha tratado de aplicar correctivos que no funcionan. Entonces hay que hacer la reforma antes de que la crisis explote, pensando en el usuario y rescatando en primer lugar el concepto de servicio público por encima de la rentabilidad. La pregunta es si eso se logrará creando un sistema en el cual el Estado recupera el control absoluto de los recursos financieros y se convierte en el único responsable y ordenador del gasto, como lo propone el proyecto de ley estatutaria que hace trámite en el Congreso. Y si por el hecho de declarar a la salud como derecho fundamental se logrará encontrar la fuente eterna de recursos para financiar una actividad cuyos costos pueden llegar a ser ilimitados si no se fija un marco realista, alejado del facilismo que nace de declaraciones que superan las capacidades del Estado.Esas inquietudes son las que gravitan sobre la reforma propuesta. El asunto no es descalificar la iniciativa que defiende el ministro Alejandro Gaviria, cuya idoneidad y conocimiento no están en discusión. Lo que hoy preocupa es que la decisión que se tome sirva para resolver los problemas que arrastra la salud en Colombia y pueden llevarla a un colapso de incalculables proporciones.