Reforma aplazada

editorial: Reforma aplazada

"Las gestiones que se adelantan con respecto a la reforma a la Justicia son bien recibidas, en la medida en que pretenden resolver con cuidado problemas institucionales que afectan las relaciones entre los poderes públicos y entre las mismas cortes".

Reforma aplazada

Abril 10, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"Las gestiones que se adelantan con respecto a la reforma a la Justicia son bien recibidas, en la medida en que pretenden resolver con cuidado problemas institucionales que afectan las relaciones entre los poderes públicos y entre las mismas cortes".

Con el cuidado que demanda la construcción de un consenso que garantice la plena utilidad y aplicación de la reforma a la Justicia, el Gobierno Nacional avanza en su definición. Sin embargo, y mientras llegan los cambios, el país espera que se tomen las medidas para resolver la crisis que afecta a ese servicio público en Colombia.El presidente Juan Manuel Santos anunció que la presentación del proyecto de reforma que se encuentra en estudio será radicado en la legislatura que comienza el próximo 20 de julio. La decisión parece acertada, ante la complejidad de los asuntos que deben definirse y la voluntad de lograr un consenso mínimo con las Altas Cortes sobre ellos. La posibilidad de acabar la participación de órganos judiciales en procesos como la elección de Fiscal General de la Nación o de personeros municipales, así como de contralores departamentales y locales, parecen no tener mayor discusión. Sin embargo, persisten divergencias con las Altas Cortes en cuanto a la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Y otro tanto ocurre entre ellas en cuanto a la tutela contra sentencias judiciales y la posibilidad de definir la primacía de uno de los tribunales, como última instancia sobre los demás, una idea que si bien parece obvia y fácil de aplicar, en la práctica se presta para malos entendidos. También parece oportuno aprovechar para reformar la Comisión de Acusaciones de la Cámara, institución inútil que impide el adecuado y necesario proceso a las responsabilidades penales en que hayan incurrido los funcionarios cobijados por fueros especiales.Las gestiones que se adelantan con respecto a la reforma a la Justicia son bien recibidas, en la medida en que pretenden resolver con cuidado problemas institucionales que afectan las relaciones entre los poderes públicos y entre las mismas cortes. Lo que sí produce inquietud es la demora en resolver los problemas que padecen lo ciudadanos frente a la prestación del servicio público de la Justicia, y la reticencia a aplicar las medidas necesarias para impedir la impunidad.Por ejemplo, Cali lleva dos años con su Palacio de Justicia destruido por el terrorismo y sin posibilidades de que sea reconstruido en corto plazo. También le hacen falta cerca de 50 Fiscales y un sitio adecuado para la reclusión de los menores infractores, cuya responsabilidad se pasan de mano en mano sin resolver una crisis que afecta a la sociedad. Todos esos problemas son fáciles de solucionar y para ello no se requiere de una reforma constitucional o de un consenso entre jueces, gobernantes y legisladores. Basta tener la voluntad política para entregarle a la Justicia los recursos económicos que se requiere en el procesamiento a los acusados, para impedir la impunidad. Y para resolver las diferencias económicas entre los particulares, de manera efectiva y con la oportunidad que se necesita, con lo cual se le devolverá la credibilidad. En fin, basta que las altas cortes y los gobiernos se pongan de acuerdo y acepten que la Justicia es el elemento más importante para que una nación pueda vivir en paz.

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